El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, sostuvo que es necesario secuestrar el teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, con el objetivo de determinar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Agüero Iturbe dejó asentada su posición al mantener la apelación presentada por el fiscal Carlos Rívolo -quien tiene delegada la investigación del atentado ocurrido el 1 de septiembre- contra la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que rechazó la medida de prueba reclamada.
“Es menester señalar que lo requerido tiene el carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal”, sostuvo el fiscal ante la Cámara Federal porteña.
“No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas”, sostuvo el representante del ministerio Público Fiscal ante el tribunal de apelaciones.
“La pertinencia se localiza en este caso en la necesidad de determinar si el señor Diputado Nacional se encuentra efectivamente vinculado al hecho según los términos de las testimoniales incorporadas al legajo (Abello y Bohdziewicz)”, sostuvo el fiscal.
El juzgado tuvo durante la investigación una resistencia evidente a profundizar la llamada “pista Milman”, que introdujo una arista política a la investigación del intento de magnicidio.
La primera pista llegó con el testigo Jorge Abello, un asesor del diputado Marcos Cleri (Frente de Todos), que declaró haber escuchado el 30 de agosto a Milman en el bar Casablanca de la esquina del Congreso decir: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, dos días antes del atentado.
La presencia de Milman allí fue corroborada por las cámaras de seguridad y resultó que estaba con sus colaboradoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. Ellas declararon el 26 de octubre y la jueza no quiso llevarse sus celulares. Lo hizo por indicación de Cámara recién el 1° de diciembre. Bohdziewicz dijo entonces que, con asesoramiento, había borrado el contenido del teléfono porque quería preservar su privacidad.
Pero hace 10 días, además, otra mención en el expediente puso a Milman bajo la mira de la justicia: Bohdziewicz sostuvo que el legislador le había facilitado un “perito” para que borrara información de sus celulares, y que la maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la ex ministra de Seguridad y titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich.
A partir de este último testimonio el fiscal Rívolo pidió el secuestro del teléfono de Milman. La joven dijo que el perito también había “manipulado” el aparato del diputado, y que a su ex compañera la mandaron a comprar un equipo nuevo y cambiar la clave de “Icloud” (ya que es un Iphone”).
Sin embargo, la jueza Capuchetti sólo aceptó incautar el teléfono de Gómez Mónaco, porque en diciembre no sabían que también usaba una segunda línea que no estaba a su nombre. Pero sobre Milman, argumentó que no estaba imputado y que tiene fueros parlamentarios, por lo que habría que iniciar un proceso en la Cámara de Diputados.
Rívolo apeló y Agüero Iturbe, en defensa de su colega, sostuvo el recurso y pidió que se revoque la resolución de Capuchetti, que consideró “arbitraria” y que va “en detrimento de la verdad”. “No se trata de una excursión de pesca”, dice el dictamen que se conoció en las últimas horas.
“La oportunidad y conveniencia de la medida se dirige a establecer si el atentado contra la vida de la señora vicepresidente de la Nación tuvo participación del nombrado Milman. Ante la posibilidad de obstruir el avance de la encuesta, adoptando acciones que se dirijan a ese fin, relacionada con un elemento material determinado, el secuestro del celular requerido es oportuno en esta instancia del proceso”, afirmó el fiscal Agüero Iturbe.
El fiscal señaló además que al promover esta medida “no se encuentra en juego el derecho a la libertad en ninguna de sus variantes” dado que “lo que se propone por esta parte es la intromisión fundada y necesaria en la esfera de reserva de Milman con un fin determinado; obtener la verdad dentro del marco legal que regula el proceso”.
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