Además de avanzar en una denuncia penal contra el gobierno de Gerardo Morales para investigar la represión de las fuerzas de seguridad provinciales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -a través de Martín Soria- presentará en las próximas horas ante la Corte Suprema una acción declarativa para que se considere inconstitucional la reforma de la Constitución provincial de Jujuy.
Tras conocerse la noticia, el mandatario jujeño defendió la reforma, al afirmar que es una de las cosas “que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión”.
El rechazo a la reforma constitucional radica en los artículos sobre las tierras de las comunidades originarias y la criminalización de la protesta social.
“He instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy, que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, había dicho Fernández. Hoy será Soria quien cumpla con el pedido.
Uno de los artículos que mayor resistencia causó en la provincia es el número 67, en el que se impiden los cortes de ruta. Cuando presentó la nueva Constitución, Morales fue inflexivo: “La prohibición de los cortes de ruta es una convicción”, aseguró.
El artículo, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”.
En la presentación del Gobierno nacional se remarca que “la Provincia de Jujuy comete abuso, cuando al introducir la nueva redacción del art. 67, infringe la Constitución Nacional y pactos internacionales en ella incluidos”.
Para Soria, a cargo de la presentación, “la Provincia de Jujuy, mediante su renovada carta magna, avasalla diversos derechos consagrados constitucional” y consideró que hubo “gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma”. En ese sentido, recalcó las expresiones críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las horas más violentas en Jujuy.
La semana pasada, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia para que analice y eventualmente suspenda los artículos de la nueva Constitución jujeña que violen la Carta Magna nacional. Esto en base a las expresiones de “preocupación” y llamados a un “diálogo” de organismos y organizaciones internacionales para detener la crisis política en la provincia norteña.
Dirigiéndose a Morales, el Presidente señaló que “siempre que convoque al diálogo va a tener ayuda” y que “a 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los legítimos reclamos y expresiones de sus comunidades”.
“Negar el derecho a la protesta, es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas”.
Hace dos días, la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, le solicitó a la Justicia Federal que inicie una “investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión” llevada cabo en Jujuy contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Morales, luego de las denuncias que recibió esa dependencia tras las visitas que se realizaron a la provincia.
Después de que trascendiera la noticia, Morales publicó un mensaje en sus redes sociales para defender la reforma constitucional. “Se confirma el intento de desestabilización en Jujuy. Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución”, expresó.
Además, el gobernador jujeño manifestó: “Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo”. Y apuntó contra el proyecto de ley de “convivencia en manifestaciones públicas”, presentado en 2014 por diputados del Frente para la Victoria. “Un proyecto de ley que proponía regular la protesta e impedir los cortes de calles y de rutas”, manifestó.