Explota Jujuy: Gerardo Morales escala peligrosamente en la represión a su pueblo

Mientras los medios hegemónicos silencian o, directamente miran para otro lado, reflejando una vez más el blindaje que le brindan a Gerardo Morales, el gobernador jujeño está lo suficientemente envalentonado como para seguir escalando en su mensaje cargado de odio que, de manera temeraria y represiva viene llevando a la práctica: “Esto no va a quedar así. Vamos a terminar de restablecer el orden en la provincia”, dice en tono amenazante.

Y el repertorio de medidas que despliega el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta va desde la autorización a su policía para que reprima disparando balas de goma en la cara de manifestantes, hasta el expreso pedido a sus legisladores provinciales de la creación de una comisión parlamentaria con el claro objetivo de perseguir a sus opositores políticos.

De hecho, lleva adelante una ola de detenciones contra quienes se manifiestan por la reciente reforma constitucional que criminaliza la protesta: tras el arresto de 22 personas en Humahuaca y el ingreso ilegal de la policía jujeña en la Universidad Nacional de Jujuy, Morales apunta ahora contra los abogados defensores de las comunidades indígenas, a quienes imputó por el delito de sedición.

El ingreso por la fuerza que uniformados de la policía hicieron el miércoles en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) generó el repudio de un amplio arco político, entre los que se encontró la Unión Cívica Radical (UCR) jujeña. “Los predios de la Universidad de Jujuy están fuera de la jurisdicción de la Policía de la provincia por ser competencia federal, eso lo establece la ley de educación superior por lo que la incursión de la fuerza de la provincia no corresponde bajo ningún motivo”, manifestaron en el comunicado.

Otro tanto hizo el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las 73 universidades públicas del país, que emitió un documento en el cual “manifiesta su extrema preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy que avasallan a las instituciones universitarias de nuestro país”.

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, calificó el hecho como una “violación de la autonomía” de la que gozan las casas de altos estudios, al tiempo que instó al gobernador a “sentarse a escuchar y acordar para resolver el conflicto” que se desató en provincia del norte a partir del rechazo a la nueva constitución local.

Hay un antecedente en materia de violación a la autonomía universitaria por parte de fuerzas de seguridad, cuando el 20 de mayo 1997 la Universidad Nacional de La Plata fue epicentro de una feroz represión policial -con balas de goma y gases lacrimógenos- que había comenzado con el desalojo de los vendedores ambulantes en el centro de la capital bonaerense. El episodio tuvo un resultado de varios heridos, uno de ellos de consideración, y 75 detenidos.

Las facultades de Ciencias Económicas, Humanidades y Derecho, y el Rectorado de la casa de estudios, que componen un complejo de edificios ubicados en pleno centro de la ciudad, quedaron virtualmente aislados a raíz de la acción policial.

Es que la policía no puede actuar dentro de la Universidad, que es autónoma, a menos que tenga permiso de sus autoridades o de un juez. Tras el documento difundido en redes sociales, Morales anunció: “Ya pedí sanciones para los policías que atropellaron la autonomía universitaria e irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Es inadmisible y condenable semejante abuso de poder y los responsables ya están pagando las consecuencias. Respetando la ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos”, tuiteó.

En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, informó que se presentó un “habeas corpus preventivo a favor de abogados y abogadas de Jujuy para resguardar su libertad ante el intento del gobierno provincial de detenerlos por defender a personas que fueron reprimidas y detenidas durante las protestas”.