Las querellas de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, reclamaron este miércoles que se revoque el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa que se sigue por el presunto espionaje ilegal del que fueron objeto.
En ese sentido, advirtieron que existió “un plan sistemático” para seguir a quienes “molestaban”, y señalaron que esas acciones no tuvieron “nada que ver con la seguridad” del entonces mandatario.
“Hubo un plan sistemático de espionaje que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial”, sostuvo Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino, al exponer ante la Cámara Federal de Casación Penal la audiencia de hoy.
Por su parte, la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, advirtió que “el sobreseimiento convalida a futuro que el Estado se sirva de herramientas excepcionales a su antojo y esto es inadmisible”, al exponer como representante de la entidad ante el máximo tribunal penal federal del país en calidad de “amicus curiae” (amigos del tribunal).
Los jueces Mariano Borinsky, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci también escucharon a la abogada Valeria Carreras, por la segunda y mayoritaria querella de familiares de víctimas, quien reclamó revocar los 11 sobreseimientos resueltos, entre ellos los de Macri, los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y otros agentes de ese organismo.
Carreras reclamó seguir adelante con la investigación porque restan medidas de prueba que fueron pedidas pero que no se ordenaron, y mencionó la manera aún no esclarecida en que se dieron de baja las 44 líneas de teléfono de las víctimas, pese a que muchas de ellas eran pagadas de manera particular y no pertenecían a la Armada.
“Esta sentencia nos involucra a todos, es arbitraria por la manipulación de la prueba”, remarcó y recordó que en 2017 los familiares querían saber qué había pasado con sus seres queridos y por eso pedían reuniones, entre ellas con el entonces presidente Macri.
“Los pedidos de reuniones fueron tomados como un problema, había medios internacionales, las familias reclamaban saber qué había pasado con sus seres amados, pero vivieron la experiencia de ser vigiladas, tratadas de locas, porque no tomaban en serio sus denuncias. Había que infiltrarlas para saber qué iban a preguntar, qué iban a decir”, agregó Carreras.
La abogada enfatizó que “este grupo de familiares empezó a ser molesto y si la frase ‘algo habrán hecho’ marcó una época negra a la que no podemos volver (en referencia a la última dictadura cívico-militar), con este fallo se instala la de ‘te espío porque me molestás'”.
“¿Cuándo podía haber peligro para Mauricio Macri dentro de una misa?”, se preguntó la abogada al recordar que la esposa de uno de los marinos fallecidos fue filmada y seguida mientras iba con su hijo pequeño hacia la Catedral de Mar del Plata.
“A dos meses de la pérdida del submarino, acaso el Cromañón del gobierno de Macri, acaso el Cromañón de la Armada, siguen a familias que portaban banderas y fotos. Esas eran las armas. Pedían búsqueda y rescate, no se mencionaba siquiera al Presidente”, recordó, tras lo cual enfatizó: “Se cae la mentira, ningún familiar era peligroso”.
La audiencia se realizó para escuchar de manera presencial a las partes, de manera previa a resolver si se confirma o revoca el sobreseimiento que benefició a Macri, a los ex responsables de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a otros ex agentes de ese organismo de inteligencia.
Todos quedaron sobreseídos el 15 de julio de 2022 por decisión de la Cámara Federal porteña, cuyos integrantes, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pabo Bertuzzi, revocaron los procesamientos por entender que los seguimientos e informes que hizo la AFI se enmarcaron en tareas habituales de protección del entonces presidente Macri.
Esta decisión llegó ahora apelada ante la sala II del máximo tribunal penal federal del país y sus integrantes para esta causa, la jueza Angela Ledesma y los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci escucharon durante casi dos horas y de manera presencial, a las dos querellas de familiares y al CELS, aceptado como “amigo del tribunal”.