Sabido es que el oficialismo logró, con mucho esfuerzo y con procedimientos no del todo claros, los dictámenes de la ley Bases y el paquete fiscal para ser tratado en el Senado en los próximos días. Se estima que los despachos aterrizarán al recinto antes de mitad de junio y, si bien habrá modificaciones varias a los textos originales que vinieron de Diputados, los libertarios temen por el rechazo a un capítulo clave para el Gobierno: las eventuales privatizaciones.
En tanto, como parte de las negociaciones para dictaminar, el Gobierno acordó una serie de cambios y retoques a los dos proyectos: modificó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral, la reforma del Estado, el blanqueo de capitales, el impuesto a las Ganancias, el monotributo social y la Ley Minera.
Pero las modificaciones eran la base mínima para dictaminar y garantizarse la sanción en general (aunque todavía se observan con atención los movimientos de Martín Lousteau y los santacruceños Carambia y Natalia Gadano). Muchos de los senadores que acompañaron el dictamen de mayoría del oficialismo trabajan, por estas horas, para voltear varios de los capítulos.
Mientras, otra de las grandes incógnitas es lo que sucederá con Ganancias, que el Gobierno modificó de forma tal de incrementar en un 22 % el piso mínimo para las provincias de la Patagonia. Esta decisión le permitió garantizarse que los patagónicos no votarían en contra del paquete fiscal, pero le generó un conflicto con el resto de las provincias. “Si le dieron a las patagónicos, ¿por qué no nos dan a nosotros?” es una frase que se repite entre varios legisladores. La mayoría de los gobernadores, sin embargo, quiere la recaudación del impuesto que es coparticipable y no se anima a votarlo en contra.
Por eso, algunos senadores patagónicos se debaten entre blindar el impuesto con las modificaciones o votarlo en contra: como los chubutenses, no confían en la promesa del ahora jede de Gabinete, Guillermo Francos, de que los libertarios no buscarán ratificar la versión original del proyecto – sin el beneficio para la Patagonia – en la Cámara de Diputados.
En ese caso, si a los 33 de Unión por la Patria se le suman al menos 4 senadores, el capítulo se cae. Y a los patagónicos indecisos se le suman otras figuras, como Edgardo Kueider, que tampoco están a favor del tributo.
Dentro de la Ley Bases, mientras tanto, los capítulos más débiles de apoyos son las facultades delegadas, la eliminación de la moratoria previsional, la reforma laboral y las privatizaciones. Las facultades delegadas – especialmente el capítulo de reforma del Estado que habilita al Ejecutivo a intervenir, suprimir o modificar la estructura de los organismos públicos – cuentan con el rechazo de los 33 peronistas, Carambia, Kueider, Lousteau, la neuquina Lucila Crexell y el radical Pablo Blanco.
Por estas horas, la duda no es si la oposición podrá rechazar el capítulo – que lo rechazará -, sino si logrará hacerse de los dos tercios del recinto para blindarlo de cara a la votación en Diputados.
El caso de la moratoria previsional, mientras tanto, es paradigmático: el oficialismo necesita que muchos de los senadores que, el año pasado, votaron a favor de su sanción, voten ahora para eliminarla. Y no tiene consenso. Gran parte de la oposición se manifiesta en contra y buscará imponer una alternativa en el recinto.