Mientras el presidente afirma que la gente no es tan idiota para morirse de hambre y que el Estado no debe entrometerse, la situación alimentaria en la Argentina se agudiza hora tras hora. En un informe realizado por la Universidad Popular Barrios de Pie se reveló que el 62 % de los encuestados pasan un día completo sin comer o sienten hambre, pero no tienen para comer. A su vez, el 89 % de los hogares experimentó algún grado de inseguridad alimentaria.
La pobreza y la inseguridad alimentaria existían antes del 10 de diciembre, pero la misma se agravó a partir que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, decidió no repartir más alimentos para las familias pobres en Argentina.
El estudio incluyó una muestra de 5.300 familias en 19 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires siempre en barrios populares. Los resultados se obtuvieron utilizando la escala FIES (FAO) y abarcan 20 jurisdicciones: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Se encuestaron representantes de 5.357 hogares de barrios populares, que abarca 21.266 personas, de las cuales el 37 % fueron menores de edad.
La encuesta de Barrios de Pie fue realizado por un equipo de 500 promotoras comunitarias, con la coordinación técnica de Marcos Caviglia, Lucas Drucarrof y Rodrigo Ruiz. La muestra tomada corresponde a 21 mil personas, que residen en barrios populares de veinte distritos del país.
En 6 de cada 10 hogares encuestados las personas se vieron obligadas a privarse de alimentación porque ya habían agotado otras estrategias, como cambiar alimentos frescos por hidratos de carbono ricos en calorías, pero bajos en nutrientes esenciales. En efecto, la pobreza y la malnutrición forman un círculo vicioso donde una retroalimenta a la otra, perpetuando un ciclo de privación y falta de oportunidades.
El informe pone de manifiesto una situación preocupante en los índices de inseguridad alimentaria y consumo de alimentos, ya que el 58 % de los hogares ha disminuido el consumo de carnes, frutas, verduras y lácteos, sin compensar esta reducción con otros alimentos nutritivos. Este déficit se traduce en elevadas cifras de malnutrición infantil.
Otra encuesta realizada por Barrios de Pie indica que a finales de 2023 la malnutrición entre los 0 y los 18 años alcanzaba el 48,9 %, destacando el sobrepeso y la obesidad, además de la desnutrición crónica reflejada como baja talla, particularmente en lactantes y primera infancia (21,7% y 10,4% respectivamente).
Las consecuencias directas incluyen una menor capacidad inmunológica, mayor predisposición a infecciones, problemas respiratorios, trastornos gastrointestinales y hepáticos; un menor rendimiento académico y capacidad intelectual; también incrementa el riesgo de trastornos psíquicos como la depresión y la ansiedad. Estas condiciones nutricionales adversas facilitan la aparición precoz de enfermedades crónicas no transmisibles.
Además, el acceso limitado al sistema de salud en barrios populares agrava la situación, aumentando la posibilidad de padecer patologías crónicas a edades tempranas, lo cual compromete su desarrollo integral y sus posibilidades futuras de llevar una vida digna y gozando de sus derechos.
¿Qué es la inseguridad alimentaria? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define la inseguridad alimentaria como la insuficiencia en la ingesta de alimentos, describiéndola como un proceso complejo que atraviesa varios grados.
Leve: la persona siente preocupación sobre si podrá alimentarse.
Moderada: se realizan cambios en la dieta, optando por alimentos más baratos o que rinden más.
Severa: se reduce la cantidad de alimentos consumidos.
El tránsito hacia la inseguridad alimentaria severa no ocurre de un día para otro, es un proceso en el que las personas agotan diferentes estrategias compensatorias. Inicialmente, reemplazan los alimentos habituales por otros más baratos o que rinden más. Posteriormente, recurren al endeudamiento para poder adquirirlos.
Más allá que la pobreza ya existía en la Argentina, la misma se agravó en estos meses del gobierno de Javier Milei, a partir de reducir la asistencia alimentaria a los comedores populares, más allá del aumento brutal de precios en los alimentos básicos.
De los programas que integraban la política alimentaria de Capital Humano (hay 8 programas en total), la ministra Sandra Pettovello mantuvo sólo la Tarjeta Alimentar. Si bien se trata de un mecanismo no cuestionado, de transferencias directas a cada titular, su monto se bajó(alcanza para comprar sólo un cuarto de la canasta alimentaria; si se suma a la AUH llega a la mitad). La tarjeta cubre a un grupo reducido, de 3,8 millones de personas. Claramente, no alcanza en momentos en que el país tiene 25 millones de pobres, de los que 8 millones son indigentes. Los comedores comunitarios resultan imprescindibles y la idea de que puedan funcionar sin apoyo del Estado es disparatada. No debería sorprender que quienes ya venían alimentándose a fideos o arroz, ahora se saltean comidas.