Acorralado, ante la posibilidad cierta de que podría sufrir una dura derrota política en caso de no aprobarse la Ley Bases, el gobierno de Javier Milei, con el claro objetivo de sumar más voluntades a su favor para encaminar la aprobación en general de esa iniciativa clave, finalmente aceptó eliminar del mega proyecto a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina) como empresas estatales sujetas a ser privatizadas.
Hay que recordar que el proyecto original de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos”, que no fue aprobado por Diputados, consideraba “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales, ya sea de manera total o parcial de algunas de ellas. Con el correr del tiempo este número se fue disminuyendo, y con la presentación de la segunda versión la lista se redujo a 11, incluyendo la eliminación de YPF y Banco Nación, entre otras.
De esta manera, las compañías Intercargo -empresa de asistencia en tierra para líneas aéreas- y Energía Argentina (Enarsa) -encargada del sector petrolero y energético- son las que quedaron propuestas por el oficialismo para su privatización total.
En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales se encuentran disponibles a una concesión parcial, es decir, que estén abiertas a incorporar capital privado, según indica el proyecto.
En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podría organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. Así, el Estado Nacional mantendrá el control o la participación mayoritaria en el capital social.
Otra empresa sujeta a privatización será el Complejo Carbonífero, ferroviario y Portuario a cargo de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), aunque también solo se permite organizar un PPP y colocar una clase de acciones, debiendo el Estado Nacional mantener el control del mismo.
En un discurso leído de más de 50 minutos, el puntano Bartolomé Abdala (LLA) aanunció de esa forma que el oficialismo aceptaba varios de los cambios que reclamaban los aliados.
Asimismo, admitió que el proyecto que someterán finalmente a votación tampoco suprimirá la moratoria previsional aprobada en 2023 ni las pensiones por invalidez, contempladas en los artículos 226 y 227 del expediente que obtuvo media sanción el 30 de abril pasado en la Cámara de Diputados.
Otra modificación comunicada por el Abdala fue la prohibición de la disolución de los organismos de cultura en el artículo 3 del primer capítulo de la ley. De los casi 100 organismos que están abarcados por la medida también se habían exceptuado previamente el CONICET, la ANMAT, el INPI, el INCAA, el ENACOM, la CONAE, la CNEA, la CONEAU, el INCUCAI, la UIF y el INTA, entre otras.
El legislador oficialista también anunció la “incorporación a la Comisión Nacional de Energía Atómica como organismo excluido de la facultad de intervenir”, y la reanudación de “obras públicas con financiamiento internacional que fueron paralizadas y están avanzadas”.
También se aceptó eliminar el capítulo que contenía la derogación de la moratoria previsional. “Somos optimistas de que esta ley va a ser aprobada”, mencionó el senador sobre la iniciativa, antes de cuestionar lo que consideró la “falta de cooperación del Congreso” con la administración de Milei.