El fiscal federal Carlos Stornelli redobló su apuesta, y apeló el fallo de la jueza María Servini en lo referido a 14 imputados (sobre un total de 17) que sí habían obtenido la excarcelación. En las últimas horas, pidió que se los detenga nuevamente, e insistió en que “incitaron a la violencia colectiva contra las instituciones” y se alzaron “contra el orden constitucional”, por haber formado parte de la manifestación del miércoles último frente al Congreso contra la Ley Bases, que se terminó aprobando en el Senado.
De esta manera, Stornelli no hizo más que darle aire a la siniestra y poco creíble argumentación que viene planteando el gobierno de Javier Milei, que consideró “terroristas” a quienes participaron de esa concentración, y los acusó de haber buscado llevar adelante “un golpe de Estado”.
Lo que está reclamando el fiscal es la intervención de la Cámara Federal porteña, para que revise la decisión de la jueza Servini, de modo de que 14 de los 17 liberados vuelvan a prisión.
En ese sentido, Stornelli vuelve a sostener que se los investigue por intentar imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza, infundir el terror o el temor público, suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse esto en un posible alzamiento en contra de la Constitución y la vida democrática en la República Argentina.
En otras palabras, lo que hace el fiscal es lo que hubiera querido hacer el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich si era querellante, aunque desistió de hacerlo porque, si lo eran, no iban a poder ser auxiliares de la Justicia en la investigación y, sobre todo, estaban más que conformes con el dictamen inicial de Stornelli.
El fiscal, además de denunciar a los detenidos con las clásicas carátulas de “desorden público” o “resistencia a la autoridad”, los imputó por otros 15 delitos, incluidos los de “sedición”, “atentado al orden constitucional”, “incitación a la violencia en contra de las instituciones”, “uso de explosivos”, “imposición de sus ideas por la fuerza”, entre otros.
No conforme con eso, también dispuso incluir sus nombres en el “Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo”. A su vez, pidió la prisión preventiva para todos ellos, no sin ordenar su inmediato traslado a prisiones federales.
Cabe destacar que, entre los “terroristas” figuran los integrantes de una familia que vendía empanadas en la plaza de los Dos Congresos, una mujer que filmaba la represión, un músico callejero, una estudiante de Historia que milita en una organización social, y algunos desocupados que se autoconvocaron.
El viernes último, después de indagar a 33 detenidos en la manifestación -todos capturados al voleo, sin ninguna prueba de que hayan hecho otra cosa más que manifestar-, Servini dispuso la excarcelación de 17 de ellos y le negó la libertad a otros 16.
Dicho de otra manera, el régimen de Milei ahora cuenta con sus primeros 16 presos políticos.
Los defensores apelaron el fallo de la jueza, y ahora resta esperar que la Cámara tome el caso y resuelva -lo haría mañana, luego del feriado de este lunes-. Pero ahora se sumó la novedad de que Stornelli también presentó una apelación, en sentido contrario, para que se vuelva a detener a 14 de los 17 excarcelados.
Por otra parte, la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, que el viernes y sábado entrevistó a los presos, insistió en denunciar que todos fueron “arbitrariamente detenidos en el marco de un uso desmedido de la fuerza”.
Este lunes, los familiares, amigos y abogados de los detenidos se reunirán en la puerta del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), en calle Piedras 730, a las 11.30. La convocatoria es abierta “a todos los sectores democráticos” y está destinada a reclamar “la libertad inmediata de todos los presos, por su desprocesamiento y para impulsar una amplia campaña unitaria, nacional e internacional”, y una posible marcha mañana a la Plaza de Mayo.