Luego de tres derrotas en menos de 48 horas -perdió la presidencia de la Comisión de Inteligencia, se rechazó otorgar 100 mil millones de pesos a la SIDE, y se aprobó la movilidad jubilatoria-, el presidente vive sus horas más oscuras. Gritos, furia y miedo de parte de Javier Milei, quien había dicho que vetaría cualquier mejora para los jubilados.
Anoche, junto a todo su gabinete en Olivos y decidió vetar toda la ley. Sin decirlo en voz alta, mostró en una foto que subió a las redes que “si yo caigo, caen todos”, menos su hermana, que no apareció en la foto, ni Santiago Caputo, que se fue a esquiar.
Cuando todos los medios hegemónicos afirmaban que solo vetaría un par de artículos, salió a la medianoche con un durísimo comunicado castigando a toda la oposición, incluido el PRO de Mauricio Macri, en un párrafo.
El extenso comunicado señala:
“El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional, que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, señaló en un comunicado.
“Esta ley implica un gasto adicional del 12% del PBI o, lo que es lo mismo, un 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos, quienes, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”, agregó.
“Adicionalmente, resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30%, acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales, mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, continuó.
“Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el Presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, lanzó.
“El proyecto sancionado este jueves por el Congreso, con la anuencia de todos los partidos políticos, es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido. Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno. Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”, concluyó.
En realidad, más allá del palabrerío, la reforma establece que los haberes jubilatorios se actualizarán siguiendo el IPC del Indec, asegurando que las jubilaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación. Además, incorpora un incremento del 8,1% adicional al 12,6% previamente reconocido para alcanzar un total de 20,6%. Este ajuste corresponde a la inflación del mes de enero medida por el Indec que no fue considerada en el empalme entre la fórmula anterior y la del DNU presidencial.
A su vez, una vez al año en marzo, se otorga un aumento adicional basado en el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en el mismo período, siempre y cuando los salarios hayan crecido más que la inflación.
¿Qué pasa con el veto? Una vez que el Presidente veta una ley, el proyecto vuelve al Congreso, donde puede ser reconsiderado. Sin embargo, para anular el veto, ambas cámaras deben reunir una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Si se alcanza, el proyecto se promulga y el veto presidencial queda sin efecto, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley.
A pesar del respaldo significativo en la Cámara de Diputados, donde el proyecto fue aprobado con 162 votos a favor, la necesidad de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para contrarrestar el veto hace que la intervención del Senado sea crucial. Si bien es posible que el Senado logre la mayoría necesaria, el desafío es considerable.