Para el martes próximo, la mayor parte de la oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial, con el objetivo de fijar un límite en el uso, por parte del Poder Ejecutivo, de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Desde el oficialismo, lejos de quedarse de brazos cruzados, empezó a presionar abiertamente a los gobernadores, a quienes les advirtió que, si sus legisladores votan a favor de ese proyecto, y aceptan derogar el decreto que flexibiliza las condiciones para renegociar la deuda, no se les concederán las modificaciones que solicitaron en el Presupuesto 2025.
De esta manera, los legisladores de La Libertad Avanza, con la obvia luz verde por parte del ministerio de Economía, están dispuestos a frustrar esa sesión especial, y para eso recurrirán a lo que sea con tal de no habilitar la aprobación de la iniciativa.
En otras palabras, el oficialismo recurrirá al mismo libreto que utilizó recientemente para blindar el veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario, o sea, restarle voluntades a la oposición a través de una presión directa –que se asemeja demasiado a una extorsión- sobre los mandatarios provinciales.
Es que son conscientes de que los convocantes de la sesión –Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales críticos- ya reúnen los votos para darle al Gobierno este golpe por partida doble en la Cámara baja y, de mínima, se calcula que no habrá inconvenientes en que 135 diputados estén sentados en sus respectivas bancas al momento de dar quorum.
La modificación de la ley que reglamenta los DNU requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Es decir, 129 avales. La derogación del decreto 846, que habilita al Gobierno a renegociar títulos de deuda sin el permiso parlamentario, necesita mayoría simple (mitad más uno de los presentes). Para el oficialismo es clave defender este decreto ya que, si el Congreso lo dejara sin efecto, se caería el canje de deuda que ya inició el ministro de Economía Luis Caputo con vistas al año próximo.
“Esta convocatoria atenta contra las negociaciones que se están llevando por el proyecto de ley de presupuesto 2025″, disparan desde el oficialismo en la Cámara baja, presidida por Martín Menem. “Los gobernadores son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del Gobierno”, por lo que de esa manera condicionan la asignación de presupuesto para obras públicas en sus provincias a que no den quorum la semana próxima.
Ya pasaron casi dos meses de la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 por parte de Milei, y sin embargo el oficialismo no convocó para discutir el dictamen y, menos todavía, fijó fecha de tratamiento en el recinto.
Un dato no menor es que sólo restan tres semanas del fin del año parlamentario, lo que refleja que el Gobierno no hace otra cosa abonar las sospechas de buena parte de la oposición de que, en rigor, el presidente preferiría finalizar el año sin ley de presupuesto –con la excusa de que el Congreso pretende modificárselo- para luego manejar las partidas del gasto a su entera discreción por medio de decretos presidenciales.
Desde la presidencia de la Cámara rechazan estas sospechas, y enfatizan que su prioridad es la sanción del Presupuesto 2025. Desde la oposición lo ponen en duda, y por eso pretenden ir con esta doble estrategia: limitar el uso de los DNU –para evitar que el Gobierno maneje el gasto a discreción- y, al mismo tiempo, voltear el decreto 846, para quitarle discrecionalidad a Caputo en la renegociación de la deuda.