El Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los detenidos durante la brutal represión del miércoles en inmediaciones del Congreso de la Nación.
En el escrito, se acusa a los manifestantes de los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”. Además, se exigió el apartamiento de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación inmediata de todos los arrestados.
En la denuncia de 10 páginas, que se conoció esta mañana, Bullrich apuntó contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín.
“La organización de la movilización, destinada -según lo informado por diversos medios periodísticos- a ‘provocar disturbios’ enfrentando a la policía y generar ‘represión’, implicaría la participación de los intendentes de La Matanza y de Lomas de Zamora, debido a que -como dijimos- en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos, y tenemos elementos de juicio que permiten sostener que han financiado la movilización”, señala la presentación.
Con relación a la jueza, la denuncia pide su apartamiento porque “se advierte un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia”, por haber liberado a todos los detenidos. Luego, se argumenta que la denuncia penal será presentada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el texto se menciona una publicación en medios periodísticos que señala que grupos organizados habrían pagado $50.000 a quienes participaron de la movilización para “provocar disturbios enfrentando a la policía y generar represión”.
La cartera que conduce Bullrich también hace referencia a llamados recibidos en la línea 134, en los que varias personas, al ver las imágenes de la movilización en los medios, denunciaron haber reconocido a ‘barras bravas’ de diversos clubes (Tigre, Nueva Chicago). Según los denunciantes, estos individuos tienen contacto y trato constante con políticos que asistieron a la movilización en forma organizada y con armas.
Tras enumerar los daños materiales y las heridas leves sufridas por efectivos policiales, la denuncia menciona que: “Lamentablemente, también han sido heridos un fotógrafo, Pablo Grillo, y una señora mayor de edad”.
Sobre Grillo, se sostiene que: “Fue herido en su cabeza, aparentemente por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba el fotógrafo, quien estaba ubicado detrás de un objeto incendiado, en medio del cruce de proyectiles lanzados por personas violentas que estaban detrás suyo”.
Respecto a la jubilada que recibió un empujón, cuyo video generó indignación, el texto sostiene que: “Se observa a una mujer mayor de edad que, con un objeto contundente (aparentemente, un palo), golpeaba reiteradamente por detrás a un policía, quien giró para defenderse de la agresión, y luego esa mujer cayó al suelo”.
El informe completo:
Denuncia del Gobierno por marcha de jubilados