Después de la burda presión que venían ejerciendo los medios hegemónicos en los últimos días, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de activar la causa en la que fue condenada Cristina Kirchner en la causa Vialidad, deja de lado las sospechas de la existencia de un pacto para beneficiar a la ex presidenta.
El planteo que levantaban esos medios, es que cuanto más tiempo estuviera inactiva la causa, crecían las chances de que CFK pudiera ser candidata en las próximas elecciones, algo que aterroriza a los libertarios y a sus aliados del PRO, ya que, en caso de ser electa, la revestiría de inmunidad, gracias a los fueros legislativos.
Pero fue suficiente una decisión menor, un trámite procesal de la Corte, que consiste en dar traslado al procurador Eduardo Casal del recurso de queja que había planteado el fiscal Mario Villar para revisar la condena, para que el expediente tomara ahora este nuevo impulso.
De esta manera, el máximo tribunal le dio vista al procurador general interino Eduardo Casal para que dictamine si respalda el pedido de la fiscalía del caso, de elevar la condena de Cristina Kirchner de 6 a 12 años de prisión. Con este paso, se inicia formalmente el tratamiento de los 17 recursos de queja presentados en el expediente, incluido el de la defensa de la ex presidenta y el de Mario Villar, fiscal ante la Cámara de Casación Penal.
Villar insiste en que a Cristina se le debe aplicar también el delito de asociación ilícita, además del de administración fraudulenta por el cual ya fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa condena fue confirmada por la sala IV de la Cámara Federal de Casación, pero no incluyó la figura de asociación ilícita, por lo que el fiscal recurrió con una queja directa a la Corte.
La decisión de Casal es clave, porque su dictamen puede inclinar la balanza dentro del máximo tribunal. Aunque no tiene plazos para pronunciarse, una vez que lo haga, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán decidir si abren o rechazan los recursos. Si no los abren, la condena quedará firme y comenzará a ejecutarse no solo para Cristina, sino para todos los acusados.
La causa de Vialidad llegó a la Corte el lunes 31 de marzo pasado, en plena crisis donde se discutía la continuidad o no del juez designado por decreto, Manuel García-Mansilla.
Estos 15 días, en los que no se tomó ninguna decisión, fueron terreno fértil para que crecieran las especulaciones acerca de un pacto para favorecer a Cristina Kirchner, que Rosatti y Rosenkrantz desmintieron con la decisión de las últimas horas, con el beneplácito de los medios hegemónicos y las huestes libertarias.
Estas especulaciones crecieron porque los tiempos en los que falle la Corte son claves para determinar si CFK puede ser candidata o no.
En el escenario de que Cristina Kirchner se postule para legisladora bonaerense, la listas cierran el 24 de mayo, si hay PASO provinciales, y el 8 de agosto, si se suspenden las primarias. Es decir que un fallo de la Corte ratificando la condena antes de esa fecha la dejaría fuera de juego, inhabilitada y, por lo tanto, sin posibilidad de conseguir fueros.
Si la Corte fallara luego de esa fecha y antes de las elecciones, se abre una incógnita acerca de si puede postularse, condenada, aunque fuera oficializada su candidatura.
Si la Corte falla luego de los comicios provinciales del 7 de septiembre se da otro escenario: en Buenos Aires los fueros se adquieren desde el momento de la elección, no de la jura, con lo que una Cristina Kirchner electa tendrá inmunidad de arresto, y la ejecución de su pena podría ocurrir solo si los dos tercios de sus colegas le quitan sus fueros.
Si, en cambio, la ex presidenta fuera candidata a diputada nacional, el cierre de listas es el 17 de agosto, con lo que un fallo anterior y adverso de la Corte la deja fuera de juego. Si el fallo fuera posterior y hasta el 26 de octubre, hay incertidumbre sobre sus efectos.