El juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N.º 2 de La Plata, declaró la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad” del decreto presidencial que designó en comisión a los jueces de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.
Aunque uno ya renunció y el otro nunca asumió —y en ambos casos sus pliegos fueron rechazados por el Senado—, Ramos Padilla emitió un fallo en el marco de un amparo colectivo impulsado por el CEPIS, Poder Ciudadano, ACIJ, CELS, INECIP y Fernando Cabaleiro. La acción judicial solicitaba la nulidad del decreto 137/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei dispuso esas designaciones, y sobre el que aún quedaba pendiente una resolución de fondo.
El juez sostuvo que no existen antecedentes en la historia constitucional argentina que avalen este tipo de nombramientos en comisión para la Corte Suprema. En su argumentación, remarcó que en el último siglo ningún presidente elegido por el voto popular había apelado a ese mecanismo, lo que cuestiona la legitimidad del accionar del Poder Ejecutivo.
También detalló que García-Mansilla solo permaneció 40 días en funciones antes de renunciar, mientras que Lijo ni siquiera llegó a asumir formalmente, ya que se encontraba con licencia en los tribunales de Comodoro Py, con la intención de conservar su cargo.
Ramos Padilla advirtió que la única vía constitucional para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema es la propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de los dos tercios del Senado. Enfatizó que el nombramiento por decreto constituye un avasallamiento de la forma republicana de gobierno, y vulnera la división de poderes, la independencia judicial y la garantía de imparcialidad de los jueces.
Si bien anuló el decreto, el juez decidió convalidar todas las resoluciones dictadas por García-Mansilla durante su breve paso por la Corte, a fin de evitar perjuicios a los destinatarios de esas decisiones y prevenir un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica.
El fallo marca un precedente importante frente a intentos del Ejecutivo por avanzar sobre el Poder Judicial por fuera del marco constitucional.