Ayer Victoria Villarruel salió con los tapones de punta contra Javier Milei, y a modo de chicana, hizo propio uno de los argumentos que se escucharon en el recinto cuando el Senado aprobó de forma contundente los proyectos de ley que, según el presidente, atentan contra el equilibrio fiscal: la prórroga de la moratoria y el aumento en las jubilaciones
La vicepresidenta no sólo convalidó el resultado en el recinto, sino que dio a entender, en uno de sus mensajes, que el Gobierno debía reordenar sus prioridades en materia de gastos. “El tema es que un jubilado no puede esperar, y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”, desafió desde sus redes sociales.
De esta manera, volvió a poner sobre la mesa el aumento de recursos que la Secretaría de Inteligencia (SIDE) tuvo respecto al año pasado, siendo una de las excepciones en el recorte generalizado de gastos.
En 2024, la SIDE contó con un presupuesto de $48 mil millones. A través de una serie de ampliaciones, en los primeros cinco meses de este año se lo llevó a poco más de 80 mil millones, lo que representó un aumento del 68%.
Pero fue la porción de esos recursos destinada a los gastos reservados –cuyo uso no es público- la que tuvo un incremento por demás significativo y generó rechazo en la oposición: pasó de 3.798 a 13.436 millones de pesos, es decir, una suba del 254%.
En septiembre, en una sesión inédita, el Senado derogó por primera vez un DNU cuando, en línea con lo que había ocurrido en Diputados, le negó al presidente la posibilidad de utilizar $100 mil millones más para gastos reservados.
Con el rechazo, los recursos destinados a la SIDE quedaron representando cerca del 16% del presupuesto anual, y poco más del 0,1% del PBI.
Por su parte, el aumento en los haberes jubilatorios que aprobó el Senado en su última sesión días atrás, fue del 7,2%. Según las mediciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y otras estimaciones privadas, el impacto de la medida tendría un costo fiscal para este año de entre 0,20 % y 0,42 % del PBI, y por lo tanto mucho menos que lo destinado al organismo de inteligencia.
En tanto, el alza en el bono que complementa la jubilación mínima -que pasaría de 70 a 110 mil pesos- tendría un costo fiscal de alrededor de 0,26%, mientras que la renovación de las moratorias sumaría cerca del 0,1%.
En total, el paquete que el presidente Milei anunció que vetará tendrá un piso del 1% del PBI, es decir, $8.829.184 millones, tomando como base de cálculo los números de la OPC.