Aunque enfrentados en lo político, Karina Milei y Santiago Caputo se cuidan bien de no inmiscuirse en las parcelas del Estado que cada uno comanda. Por compartir junto a Javier Milei el exclusivo “triángulo de hierro” del poder, ambos manejan cajas millonarias que, por lo demás, tuvieron monumentales aumentos presupuestarios en lo que va del año. Muy superiores, incluso, al del resto de la administración pública.
Mientras que a través de una hipocresía sin límites el Gobierno levanta la bandera de que “no hay plata”, para justificar recortes a las jubilaciones, salarios, destrucción del empleo o el brutal desfinanciamiento que, gracias a la nefasta motosierra golpea con dureza a la salud y la educación, sin embargo, beneficia burdamente con cifras multimillonarias a su hermana y a su asesor estrella.
Es sabido que la hermana del presidente hizo de la Secretaría General de la Presidencia su bastión de poder: con casi 800 empleados a su cargo, Karina Milei controla una caja de $72.463 millones; un presupuesto que, a fuerza de decretos de necesidad y urgencia (DNU), se incrementó un 46,3% durante el primer semestre del año según datos oficiales del Ministerio de Economía. Un porcentaje muy por encima de la inflación acumulada en el mismo lapso (15.1% según el Indec).
Según revela hoy el diario La Nación, Santiago Caputo no se queda atrás. Entre los varios resortes del poder que controla por medio de sus subalternos, se destaca la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dirigida por Sergio Neiffert. Con la gestión libertaria el presupuesto del organismo escaló más que ningún otro, y sólo en los seis primeros meses del año creció un 67,6%, totalizando $80.872 millones.
Pero el rubro que tuvo un crecimiento verdaderamente exponencial fue el de los gastos reservados que manejan los espías: desde enero hasta la fecha aumentó un 254%, ya que según los datos oficiales que publica el Ministerio de Economía, en enero pasado los gastos reservados de la SIDE sumaban $3794 millones y hoy totalizan $13.436 millones.
De acuerdo con el último informe de ejecución presupuestaria que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), tanto la SIDE como la Secretaría General de la Presidencia ocupan los primeros lugares en el ranking de subas presupuestarias en lo que va del año, detrás del Ministerio de Capital Humano, y muy por encima del incremento promedio que, al cierre del primer semestre, fue del 33,2%, según ASAP.
Además de la SIDE, el asesor presidencial asumió el manejo político de los ministerios de Salud y Justicia, del organismo recaudador (ARCA) y de la agencia de privatizaciones de las empresas públicas, donde el Gobierno deposita grandes expectativas como potencial proveedora de divisas a las exhaustas arcas del Tesoro.
Asimismo, Caputo extendió su influencia hasta el área de comunicación de YPF, que sorteó el cerrojo que impuso Milei a la pauta publicitaria. Allí colocó a un ex socio suyo, Guillermo Garat, quien, según un informe de la ONG Chequeado, distribuyó publicidad por $32.617 millones solo en el primer trimestre, lo que representa un incremento del 55,2% real respecto del mismo período de 2024.
Por medio de Mario Lugones, el asesor presidencial ganó influencia en el Ministerio de Salud, el tercer presupuesto en volumen -$6,7 billones- detrás de los ministerios de Capital Humano y de Economía. Otro alfil suyo, Sebastián Amerio, controla el Ministerio de Justicia, más relevante por el nivel de interlocución que tiene en los ámbitos tribunalicios que por la caja que maneja ($206,4 millones).
Como si fuera poco, Caputo también colonizó el área de las empresas públicas. Allí apadrina a Diego Chaher, a quien no solo se le encomendó la tarea de privatizarlas, sino que, además, realiza un seguimiento de sus planes de acción y de sus partidas presupuestarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este año las empresas estatales tienen asignadas transferencias del Tesoro por un total de $4,2 billones.
El asesor también clavó bandera en dos reductos claves. Uno de ellos es nada menos que el organismo recaudador, ARCA, donde colocó a un hombre de su confianza, Andrés Vázquez, quien maneja un presupuesto anual de al menos $3 billones, una caja que se nutre de un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros.
Menos visible en el radar de la administración pública, la empresa Educ.ar cobró reciente notoriedad por la contratación directa para la renovación de licencias de tecnología por más de US$60 millones, proceso en el que participó una firma del empresario trumpista Leonardo Scatturice. Convertida en una sociedad del Estado liberada de los controles de la SIGEN, esta firma es comandada por Gastón Martín, quien maneja una caja de $90.824 millones, el doble el año pasado.