El presidente Javier Milei vetó esta mañana, en su totalidad, las tres leyes aprobadas por el Congreso que otorgaban aumentos previsionales, reinstalaban la moratoria jubilatoria y declaraban la emergencia en discapacidad, incluyendo nuevas pensiones no contributivas. Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Fiel a su costumbre de mentirle a los argentinos, afirmó en el comunicado que “no hay plata, y la única forma de hacer a la Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre”. Claro que omitió mencionar que sí “hay plata” para los grandes terratenientes del campo y para pagar intereses de deuda a Wall Street.
En los considerandos generales del decreto, el Gobierno argumentó que las leyes habían sido sancionadas con “graves vicios reglamentarios” en el Senado, al no cumplirse los procedimientos establecidos y aprobarse con mayorías incorrectas. Además, sostuvo que las medidas vetadas implicaban un aumento estructural y permanente del gasto público, que obligaría a recurrir a emisión monetaria, suba de impuestos o mayor endeudamiento.
Las leyes vetadas
- Jubilaciones: proponía un aumento de emergencia del 7,2%, creaba un bono permanente de $110.000 (actualizable) y establecía transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas.
- Moratoria: reinstalaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo el acceso a la jubilación sin 30 años de aportes efectivos y flexibilizaba las condiciones para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Discapacidad: declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva por discapacidad y establecía una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema, entre otras medidas.
Diputados: la oposición se prepara
Con los vetos presidenciales como eje de conflicto, la oposición en Diputados se prepara para abrir el debate. Este miércoles al mediodía, Unión por la Patria, el bloque de Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), la Coalición Cívica y el sector crítico del radicalismo (Democracia) convocaron una sesión para tratar una batería de temas: financiamiento universitario, emergencia pediátrica, el nuevo reglamento para destrabar la investigación del caso LIBRA, y diversas iniciativas fiscales impulsadas por los gobernadores, como el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la redistribución del impuesto a los combustibles líquidos.
A su vez, buscarán insistir con el aumento jubilatorio del 7,2%, la nueva moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Si logran que las comisiones activen esa agenda, podrían reunir todo en una sesión clave antes de las elecciones de octubre. El golpe simbólico al Gobierno pasaría a ser político y estratégico.
El paso legislativo no es menor: si esta semana se aprueba la moción de emplazamiento, la próxima semana los proyectos deberán ser tratados en comisión. Si consiguen dictamen, estarán listos para ser llevados al recinto, donde también podría discutirse la insistencia sobre los vetos. Así, la oposición no solo ganaría volumen político, sino que podría consolidar el quórum en un Congreso donde cada voto cuenta.
Ese número clave —129 diputados presentes— es el mínimo necesario para habilitar el recinto, y la oposición está muy cerca de alcanzarlo. Con algunas ausencias, los bloques críticos arañan los 131. Además de UP, Pichetto y los radicales moderados, se espera el apoyo de la izquierda y de diputados independientes como Lourdes Arrieta (exoficialista), Mario Barletta, Fabio Quetglas (UCR) y el cordobés Héctor Baldassi.