En medio del mayor escándalo de corrupción que involucra a la hermana del presidente Javier Milei, el Gobierno, a través de la ministra Patricia Bullrich, presentó un pedido de allanamiento contra un grupo de periodistas —entre ellos Jorge Rial, Mauro Federico y Fabián Doman— acusándolos de armar “una conspiración” con Vladimir Putin y Nicolás Maduro para “derrocar al Gobierno”.
Desde el Ministerio de Seguridad, comandado por Bullrich, se solicitó allanar a los periodistas Mauro Federico y Fabián Doman, del programa Data Clave, al que calificaron como “kirchnerista”, por difundir los audios de Diego Spagnuolo y de Karina Milei. Lo mismo se pidió para Jorge Rial, que también reprodujo fragmentos en su programa radial Argenzuela.
“Las conductas ilícitas objeto de esta presentación forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional”, sostiene el escrito oficial, que además insiste en que el objetivo sería “desestabilizar los principales indicadores de la política económica para influir en el proceso electoral”. Este discurso se repite cada vez que el Gobierno enfrenta críticas o proyectos opositores en el Congreso.
El Ejecutivo argumenta que la publicación de los audios viola la Ley de Inteligencia Nacional. Sin embargo, la Constitución Nacional protege el secreto de las fuentes periodísticas como pilar fundamental de la libertad de expresión: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”, establece el artículo 43 de la Carta Magna.
Rápidamente, el juez Patricio Alejandro Maraniello resolvió hacer lugar parcialmente al pedido y decretó una medida cautelar para frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei.
El titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires subrayó que su decisión “no implica censura previa”, sino que busca proteger “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos” que surgirían de esas grabaciones.
El magistrado ordenó específicamente “el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”. Asimismo, dispuso librar oficio al ENACOM para notificar a todos los medios de comunicación.
El Gobierno, que llegó prometiendo libertad, hoy se sienta en el banquillo de los acusados por corrupción y responde con censura. La persecución a periodistas para silenciar los audios de Karina Milei desnuda el verdadero rostro del poder libertario: miedo, autoritarismo y un intento desesperado por tapar lo que ya está en boca de todos.
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