Más allá de que Karina Milei se dio el gusto de blindar a Martín Menem y a Sebastián Pareja en el armado electoral bonaerense, en las últimas horas sólo recibió malas noticias.
La primera llegó desde la Cámara de Diputados: la Comisión Investigadora $Libra citó a la secretaria General de la Presidencia y fijó un plazo máximo para que se presente a dar explicaciones. Si no concurre, podría ser llevada por la fuerza pública.
La reunión se realizó sin la presencia de dos funcionarios del Gobierno que habían sido convocados. Además, el grupo parlamentario resolvió estrechar vínculos con la causa judicial que investiga el escándalo cripto que involucra al Presidente y su entorno, y puso bajo la lupa el rol de la Oficina Anticorrupción (OA) frente a la estafa.
Karina Milei tiene dos fechas tentativas para declarar: el martes 23 o el 30 de septiembre. El límite es la primera semana de octubre. La diputada de la Coalición Cívica (CC), Mónica Frade, incluso sugirió como alternativa que la comisión se constituya en la Casa Rosada para tomarle testimonio.
Los funcionarios ausentes fueron la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación $Libra y ex jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y el titular de la OA, Alejandro Melik. Según el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (CC), ambos enviaron notas sin ingreso formal: “O tienen ingreso formal y las consideramos, o son papeles sin valor que tiramos a la basura”, protestó el diputado Fernando Carbajal.
Ante esa situación, la comisión aprobó una segunda citación a Zicavo y Melik bajo apercibimiento: si no se presentan, serán convocados por la fuerza pública. Como paso previo, enviaron un requerimiento al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informándole que sus funcionarios incumplieron con la citación.
Una encuesta demoledora
A esto se suma un sondeo nacional de Synopsis —encuestadora cercana al oficialismo— que midió el impacto del escándalo de los audios. El 58,5% de los consultados opinó que Karina Milei debería dejar el Gobierno; otro 11,8% aceptaría que siga, pero con un rol menor.
El estudio muestra además que el 95,1% de los argentinos ya conoce el caso. Cuando se consulta si creen que los hechos denunciados en los audios son verdaderos, el 62,4% responde que sí, mientras que el 34,9% sostiene que no, en línea con el núcleo duro libertario.
A la pregunta sobre la confianza en Javier Milei y su honestidad, sólo un 9,2% afirma haberla perdido a raíz de este escándalo.
Más que censura
En paralelo, se conoció el escrito que Karina Milei presentó cuando logró que la Justicia prohibiera la difusión de los audios —una clara medida de censura previa—. Allí pedía, además, que los medios dejaran de mencionarla en relación con Spagnuolo.
“La sola mención afecta directamente el rol que cumplo en mi trabajo y como funcionaria pública”, argumentó. También solicitó que se disponga “la prohibición de referirse en cualquier medio de comunicación, de manera directa o indirecta, a supuestos audios o chats atribuidos a mi persona que, de ser ciertos, habrían sido obtenidos de forma ilegal y que podrían afectar gravemente a mi familia y a la seguridad nacional”.
Pero el intento fracasó: en la calle ya la bautizaron “tres por ciento” y hasta resurgió el cántico “Karina Barú Budú Budía”, el mismo que en los 90 se le dedicaba a la jueza María Servini.
El blindaje presidencial parece resquebrajarse. Karina Milei, que hasta ahora se mostraba como la figura todopoderosa del entorno libertario, enfrenta una tormenta que combina citaciones judiciales, encuestas lapidarias y un descrédito popular que ni la censura pudo frenar. Lo más peligroso para el oficialismo es que ya no se trata solo de “la hermana del Presidente”: cada golpe contra Karina repercute directamente en la figura de Javier Milei, quien además no logra controlar la economía