El Gobierno se encamina a implementar una reforma laboral para eliminar los convenios colectivos de trabajo y facilitar los despidos si gana las elecciones del 26 de octubre. Esa fue la promesa que días atrás le hicieron el presidente Javier Milei -a través de su vocero, Manuel Adorni- y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a los empresarios reunidos en Mar del Plata para el Coloquio de IDEA.
El paquete incluirá también el reemplazo de las mesas paritarias por “negociaciones libres” entre cámaras empresarias y sindicatos, según confirmaron ambos ante un auditorio repleto de directores ejecutivos y miembros del llamado círculo rojo. La letra chica estará contenida en un proyecto de ley que podría ingresar al Congreso después del recambio legislativo del 10 de diciembre, fecha a partir de la cual la Rosada espera un parlamento “más receptivo a las reformas”, según dijo Adorni, siempre y cuando las urnas no digan lo contrario.
Claro que al respecto no sólo hablarán las urnas, sino también la oposición y el mundo del trabajo y sus organizaciones. Una de las preocupaciones centrales es que desde la asunción de Milei ya se perdieron unos 200 mil puestos de trabajo, mientras que el salario formal se estancó cinco puntos por debajo del nivel de fines de 2023.
Si bien no fue la primera vez que el presidente o sus ministros anunciaron en las últimas semanas que la reforma laboral estaba en carpeta, esta vez le dieron el marco de una suerte de relanzamiento del Gobierno post elecciones, como parte de una segunda etapa de la gestión libertaria que también incluye una reforma tributaria.
“El primer paso fue estabilizar el descalabro heredado: fiscal, monetario y cambiario; y el segundo paso, reformas para mejorar la competitividad de la economía argentina”, dijo Adorni. “Necesitamos reformar el mundo del trabajo, para que el dinamismo económico pueda estar acompañado del dinamismo laboral”, agregó.
La apuesta es a que los cambios en el mundo laboral y el recorte de derechos incluidos en el futuro proyecto de ley, abran la discusión del Congreso que se viene, como una forma de retomar la iniciativa perdida en medio de los escándalos de corrupción y la derrota en Provincia de septiembre. Pero la futura norma busca también ser una prenda de negociación para recomponer el marco de alianzas políticas -como la que la Rosada construyó en la Ley Bases- que le reclama el Tesoro de los Estados Unidos como condición del salvataje.
En definitiva, la reforma, según adelantaron Adorni y Caputo, se basa en las viejas ideas de la derecha tradicional argentina de desregular el mercado laboral, lo que abriría una supuesta etapa de beneficios para todos. Adorni hasta prometió “una revolución productiva” parafraseando el slogan de campaña del ex presidente Carlos Menem.
“Necesitamos que las empresas quieran y puedan contratar”, fue el mensaje de Milei a través de Adorni. Para ello, dijo, se necesita “dar la batalla contra la judicialización del conflicto laboral” y “eliminar trabas a aquellos que quieran emprender”. Adorni incluso fue más allá, y se permitió una digresión propia: “Contratar a un trabajador no puede ser lo mismo que adoptarlo”.
En concreto, de lo que dijeron hasta ahora Caputo, Milei y Adorni, se desprende que la reforma incluiría:
*La eliminación de las paritarias y su reemplazo por “negociaciones libres”
*El fin de la indemnización por despidos o su reemplazo por un “fondo de cese” financiado en cuotas por los propios trabajadores. Un antecedente en ese sentido fue introducido en la Resolución General 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores.
*La imposibilidad por ley de realizar juicios laborales ya sea por despidos injustificados u otros motivos de abuso patronal.
*La eliminación de los convenios colectivos de trabajo que regulan las distintas actividades.
*La posibilidad (más bien un acto de publicidad libertaria) de elegir la moneda en la que cobrar los sueldos, o sea, que pueda ser en dólares.