Mientras millones de argentinos ajustan cada gasto para llegar a fin de mes, el gabinete libertario se prepara para cerrar el año entre vacaciones en el exterior y un nuevo aumento salarial que, según trascendió, superaría el 50% para ministros y altos funcionarios. Todo esto ocurre en un país donde la pobreza real supera el 42%, muy lejos del relato optimista que intenta imponer el Gobierno.
Con el calendario marcando diciembre, varios ministros ya arman las valijas. Mariano Cúneo Libarona eligió Alemania; Sandra Pettovello, Singapur; otros optaron por destinos dentro del país. El destino cambia, el clima también, pero el mensaje es el mismo: para la cúpula del poder, el ajuste no aplica.
El incremento salarial se formalizaría por decreto y alcanzaría a ministros, secretarios y subsecretarios. Un gesto que contrasta brutalmente con el discurso oficial de austeridad y sacrificio, repetido hasta el cansancio desde la Casa Rosada.
La pobreza que el Gobierno niega
Mientras el Ejecutivo festeja, los números cuentan otra historia. Aunque el INDEC sostiene que la pobreza bajó, estimaciones alternativas más realistas la ubican por encima del 42%, es decir, 11 puntos más que los datos oficiales.
La diferencia no es menor ni técnica: surge de actualizar la Canasta Básica Total con patrones de consumo más cercanos a la realidad actual y de corregir la subdeclaración de ingresos, algo que el propio INDEC reconoce haber mejorado recién a partir de mediados de 2024. El organismo sigue midiendo la pobreza con una canasta basada en la ENGHo 2004/2005, completamente desfasada tras dos décadas de inflación y cambios en los hábitos de consumo.
Cuando se corrige esa distorsión, el “milagro” estadístico se diluye: la supuesta caída de 21 puntos porcentuales se reduce en realidad a entre 14 y 16 puntos, dejando en evidencia una recuperación mucho más frágil de la que muestra el relato oficial.
Jubilados y beneficiarios, del otro lado del ajuste
La contracara del aumento para los funcionarios es el ingreso de jubilados y beneficiarios sociales. A partir de enero, la jubilación mínima será de $349.299,32, que con el bono congelado de $70.000 —sin actualización desde 2024— llegará a $419.299,32.
La PUAM se elevará a $279.439,46 y las pensiones no contributivas a $244.509,52, montos que apenas superan la línea de indigencia. Incluso con el bono, los ingresos quedan muy por debajo de lo necesario para cubrir una canasta básica real.
La AUH se ubicará en $125.518, la AUH por Discapacidad en $408.705 y la Asignación por Embarazo en $118.454,32, cifras que crecen por fórmula pero pierden sistemáticamente contra la inflación cotidiana.
El Gobierno predica sacrificio, pero practica privilegio. Mientras los ministros se aumentan el sueldo, descansan en el exterior y celebran estadísticas acomodadas, la pobreza avanza, los jubilados sobreviven y el ajuste siempre cae del mismo lado. La motosierra no pasó por el poder: solo cortó para abajo.