En medio de un clima político y económico cada vez más tenso, el gobierno de Javier Milei suma un nuevo frente de conflicto: la relación con la prensa. En las últimas horas, periodistas de medios críticos comenzaron a denunciar restricciones para ingresar a la Casa Rosada, en lo que distintos sectores ya califican como un preocupante avance sobre la libertad de expresión.
Uno de los casos más resonantes es el de El Destape, cuyos periodistas Jonathan Heguier y Javier Slucki se vieron impedidos de acceder a la sede gubernamental para realizar su trabajo. Según trascendió, la decisión responde a una política no oficializada pero cada vez más evidente: limitar el acceso a aquellos medios que mantienen una línea editorial crítica hacia la gestión libertaria.
Desde el oficialismo intentaron justificar estas medidas bajo argumentos que rozan lo inverosímil. Voceros cercanos al gobierno deslizaron que algunos medios opositores estarían vinculados a financiamiento extranjero, incluso mencionando supuestos lazos con Rusia. Sin embargo, estas acusaciones carecen de sustento concreto.
En ese sentido, la editora de OpenDemocracy, Diana Carboni, fue categórica al desmentir esas versiones: “No tenemos pruebas de que ese dinero se haya pagado. No hay evidencia de que se haya financiado a un medio, a un periodista o a un intermediario”, afirmó en declaraciones públicas.
Lejos de aportar claridad, estas explicaciones refuerzan la percepción de un gobierno cada vez más incómodo frente a las críticas y menos dispuesto a tolerar el escrutinio periodístico. La decisión de restringir el acceso a determinados medios no solo afecta a los periodistas involucrados, sino que también limita el derecho de la sociedad a estar informada.
El conflicto con la prensa se suma a una serie de tensiones que atraviesa la administración de Milei, en un contexto de ajuste económico, caída del consumo y creciente malestar social. En este escenario, el endurecimiento del vínculo con los medios aparece más como un síntoma de debilidad que como una estrategia sólida de gobierno.
Cuando un gobierno empieza a elegir quién puede preguntar y quién no, deja de ser un problema de prensa y se convierte en un problema de democracia. Y en la Rosada libertaria, cada puerta que se cierra al periodismo deja más expuesto el miedo a lo que se dice del otro lado.