10 diciembre, 2016

Como disciplinar a Casanello y Rafecas

En una muy interesante nota, el periodista de Pagina 12, Raúl Kollmann, escribió que “el comentario extendido en los tribunales federales de Comodoro Py es que rige una especie de estado de sitio contra cualquier fiscal, juez o camarista que no se pliegue a la persecución mediática y judicial contra el gobierno kirchnerista”.

Kollmann relata que en la semana que pasó, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al gobierno –a través de la Policía Federal– que investigue al juez Sebastián Casanello y determine si estuvo o no en la Quinta de Olivos. El magistrado ya dijo que nunca estuvo allí y que jamás habló con la ex presidenta.  “No se registra en la historia que una Cámara se convierta en juez de instrucción”, es el comentario extendido en el edificio de Retiro. Tras cartón, el Consejo de la Magistratura sacó una resolución por la cual se hará una auditoría de las causas de corrupción y se verá así si avanzan al ritmo que ellos consideran que corresponde. Es la primera auditoría en 15 años y es un secreto a voces que está orientada contra Casanello y Rafecas. No da la impresión de que vayan a pesar atrasos en Panamá Papers o en Papel Prensa, por ejemplo: sólo se evaluarán las causas contra el kirchnerismo”, dijo el periodista de Pagina 12.

Kollmann cuenta que lo aprietan a Casanello, no tanto por la causa de Báez, sino por la de Panamá Papers, donde esta imputado Mauricio Macri. “Desde el punto de vista estrictamente jurídico “no existe en el Código Procesal que la Cámara se constituya en juez instructor y ordene medidas de instrucción por su cuenta. Hubieran hecho la denuncia, la hubieran sorteado, pero pedirle al gobierno que investigue a un juez a través de la Policía Federal, es inédito” le dijo este diario el miembro de la Casación.

Para rematar la semana, la Sala II de la Cámara Federal –sin la presencia de Horacio Cattani por motivos personales– dictó un fallo también asombroso: le ordenó a Casanello que investigue a la ex presidenta y la obra pública en la causa Báez. El texto llama la atención por cómo prejuzga: sugiere que la relación entre CFK y Báez se basa en alguna ilegalidad y que hubo irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Los camaristas recomiendan que ese expediente se vincule también con el de José López y con el de Hotesur. Cada caso está en manos de jueces distintos y la Cámara da por acreditado lo que en verdad se está investigando. Por ejemplo, Julián Ercolini, a cargo de investigar la obra pública, todavía no dictaminó que hubo sobreprecios o adjudicaciones fraudulentas. Por otra parte, quien acusa en un expediente, el fiscal Guillermo Marijuán, por ahora no hizo vinculación alguna, con pruebas, de lo que dice la Cámara.

“En realidad, la Sala II podría haber apartado a Casanello y ordenado que todo lo investigue Ercolini, porque se supone que tiene la causa en la que se origina todo, la de la obra pública. Pero no lo hizo. Es que en Comodoro Py las cosas están orientadas principalmente a presionar jueces”, finaliza Kollmann, el perodista que más sabe de Comodoro Py.

 

 

 

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