El gobierno nacional salió a explicar el escándalo del acuerdo por la deuda del Correo Argentino. En una breve conferencia de prensa de tan sólo 30 minutos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, buscaron justificar la situación que compromete seriamente al presidente Mauricio Macri culpando a la ex presidenta Cristina Kirchner. En cada frase, el jefe de Gabinete culpó al gobierno anterior por la desidia de no haber solucionado el tema desde el 2003, sin decir nada de Franco Macri que nunca hizo una oferta seria sobre la deuda. Paralelamente, Aguad afirmó que el “presidente no sabía nada del acuerdo”, una frase ingenua cuando nada se hace sin autorización presidencial, mucho más en una empresa de su pertenencia.
En la desesperación por salvar del escándalo al presidente, Peña afirmó que le había ordenado al titular de la Auditoria General de la Nación, Oscar Lamberto, que estudiara el acuerdo. Pero fue otro papelón. Lamberto afirmó que “no somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoria después de que se armó el escándalo”. Y remató: “los informes me los pide el Congreso, yo no soy empleado de Peña”.
Luego de defender lo indefendible sobre el acuerdo con el Correo Argentino, el jefe de Gabinete señaló suelto de cuerpo que los aumentos en las tarifas de la luz, el gas, los peajes y la telefonía son “para tener mejores servicios”. Seguramente no piensa lo mismo los vecinos de La Plata que estuvieron una semana sin luz ni agua por el temporal del domingo 5 de febrero.
Último momento: El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por el acuerdo en que el Estado le condonó al Correo Argentino $ 70.000 millones.
La razón para investigar al Presidente es por delitos que habrían ocurrido en el marco el pacto, durante el concurso preventivo de la firma, propiedad de la familia Macri.
Zoni impulsó así, ante el juez federal Ariel Lijo, la acción penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una impulsada de un abogado particular y otra promovida por la agrupación Nuevo Encuentro.
Existen además otras tres denuncias, que probablemente sean unificadas. La de otro abogado y de diputados del Frente Para la Victoria recayeron en el Juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Mientras, una presentación que realizó la Procuración de Investigaciones Adminsitrativas (PIA) está manejada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Correo Argentino: El 80% de los bonaerenses está en desacuerdo