La ex diputada Graciela Fernández Meijide consideró hoy que el represor Alfredo Astiz debería recibir el beneficio de la prisión domiciliaria y consideró que “hasta el peor enemigo tiene derechos”.
“El personaje me sigue provocando la misma reacción de siempre. Pero mal nos hubiera ido luchando por el respeto a los derechos humanos, si no consideráramos que hasta nuestro peor enemigo tiene derechos”, aclara Graciela Fernández Meijide antes de referirse a la posible salida de Alfredo Astiz de la cárcel.
En declaraciones a la radio La Red, la ex integrante de la Conadep evaluó que “a determinada edad o con enfermedades terminales”, mantener a una persona en la cárcel “deja de ser una condena y pasa a ser casi una venganza”.
Para Fernández Meijide, a Astiz “deberían mandarlo a su domicilio con una pulsera electrónica, que pueda atenderse, y estar cuidado por la gente que designe él o su familia”.
“Hay sentimientos contradictorios. No es que yo perdone a Astiz. Pero se equivocó quien se creyó que peleábamos sólo por el derecho de nuestros hijos. Yo peleo por el futuro de nuestro país, y lo haré mientras me duren las fuerzas”, señaló.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) incluyó a Alfredo Astiz, uno de los represores emblemáticos de la última dictadura, en un listado de presos en condiciones de abandonar el penal por su delicado estado de salud.
“El Ángel de la Muerte”, quien permanece detenido desde hace más de diez años en el penal de Ezeiza condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), integra junto a otros genocidas la nómina de internos en condiciones de obtener la domiciliaria, o incluso la libertad condicional con pulsera electrónica.
Según el SPF, la cárcel no es el mejor lugar para que Astiz cumpla su detención ya que figura como uno de los internos “con enfermedades oncológicas”, ya que el represor, de 67 años, tiene cáncer de próstata y se encuentra en la fase de tratamiento de “control”.
El genocida fue condenado dos veces a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. En aquellos años, el “Ángel de la muerte” se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo, que reclamaban la aparición con vida de sus hijos, entregó a Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga al grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La lista en la que figura este siniestro personaje se actualizó con 1.436 presos bajo el nombre “Internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión”.