Mauricio Macri lo dijo con todas las letras: “No habrá justicia macrista”. Lo aseguró al asumir como presidente, en diciembre de 2015. Sin embargo, el mismo Mauricio Macri, un año y medio después, en una arenga que tenía más de amenaza que de advertencia, enfatizó: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad, o buscaremos otros jueces que nos representen”.
Quienes están cerca del presidente, revelaron su creciente furia con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en particular, y con gran parte del Poder Judicial. El disparador fue un llamado recibido por Macri, antes de la publicación de la acordada del máximo Tribunal que invalidó el tribunal que debía juzgar a Cristina Kirchner.
“No le contó todo y lo que no le contó era demasiado importante. Cuando el presidente vio el texto de la acordada y se le explicó las consecuencias menos visibles pero más relevantes, se sintió defraudado”, relató uno de los hombres de confianza de Macri.
Lo que no le habría dicho es lo que enojó al mandatario: que esa decisión no se refería únicamente al cuerpo que debía juzgar a Cristina, sino que prácticamente deja sin efecto los traslados de otros jueces del fuero ordinario al fuero federal. Esa iniciativa permitía comenzar a limitar el poder de los más que cuestionados jueces de Comodoro Py.
Lo que sobrevino después, sólo contribuyó para agravar el panorama y que los vínculos entre el Gobierno y la Justicia se encuentre en uno de los peores momentos desde que Macri llegó al poder. El propio presidente se encargó de manifestar públicamente su “indignación” por el fallo de la Cámara Federal que excarceló al empresario Cristóbal López.
El enojo del Gobierno con los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, firmantes del fallo, es tal que dejan correr rumores sobre “motivaciones no del todo transparentes” que podrían haber llevado a esa decisión. Y alientan las versiones que dicen que podría avanzar una investigación contra Ballesteros, en particular, en el Consejo de la Magistratura.
Desde la Justicia intentan relativizar el enojo, que procuran circunscribir al ministro de Justicia, Germán Garavano, a pesar de las expresiones públicas del propio Macri y de otros miembros del Gobierno. Y, al mismo tiempo, justifican los fallos.
Mientras tanto, la sospecha de que hay una defensa corporativa para retener poder y resistir los cambios, adquirió más fuerza que nunca. Y en la Casa Rosada ponen en duda las reales intenciones de la autorreforma que anunció días atrás Lorenzetti. En ese sentido, sugieren que harán cambios para no cambiar nada y que, además, en las conclusiones colarán críticas al Gobierno y deslindarán responsabilidades en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En este contexto, y bajo el título “Los jueces juegan su juego preferido”, Eduardo van der Kooy en su columna de hoy en Clarín, hace un racconto sobre la avanzada que hasta meses atrás llevó adelante un Poder Judicial que se mantenía cerca del Gobierno, sobre todo con las causas y detenciones de figuras del kirchnerismo.
El periodista destaca que recientemente “el fugaz asentamiento del Gobierno y el apuro por congraciarse con una opinión pública que pareció interpelarlos a propósito de la inacción, empezaron a sucederse algunas decisiones judiciales –no todas- regadas de desprolijidad. Ligadas, en especial, a la figura de las prisión preventiva”.
Y señala que “el oficialismo, ante la ausencia de otros resultados seductores para la sociedad, había encontrado un bálsamo en la ofensiva judicial. Parecía estar cumpliendo con la promesa de ventilar los chanchullos del pasado. No estaría siendo para muchos tan así. A lo mejor por esa razón ha colocado en el centro de la escena su agenda feminista y sexual”.