Mauricio Macri figura en la actualidad como “autoridad del directorio” de una empresa del grupo Socma: ‘Minera Metales S.A’. Al presidente se suman otros 268 funcionarios que ocupan 890 cargos en compañías privadas. Son miembros del Gobierno nacional que se desempeñan como autoridades, socios o representantes en los directorios de distintas empresas locales y extranjeras.
Así lo revela un pormenorizado informe del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, que precisa que el 50 % de los ministros de la administración de Cambiemos ostentan cargos en firmas privadas.
La investigación, publicada hoy por el diario Página/12, destaca que existen cuatro ministerios donde se destaca la presencia de funcionarios con participaciones en compañías privadas: Energía, Desarrollo Social, Modernización y Producción.
“Este criterio de reclutamiento incrementa el grado de exposición a los conflictos de interés y a la captura de la decisión pública”, advirtió la socióloga Ana Castellani, quien coordinó el relevamiento.
Entre los funcionarios involucrados con cargos vigentes en directorios de empresas privadas sobresalen diez individuos por la cantidad de participaciones que registran. En ese listado figuran el Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, con 33 participaciones en firmas privadas y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con 13 puestos de autoridad en directorios empresarios. Otros se desempeñan en puestos poco visibles, como el caso de Mariano Grondona Lynch: vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente registraba, a junio último, 219 participaciones en directorios de empresas privadas del país y del exterior.
El informe detectó que tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por el gobierno de Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Y se aclara que “los conflictos de intereses no necesariamente constituyen un delito, pero la extendida presencia de funcionarios con participaciones vigentes en empresas privadas incrementa el riesgo de captura de la decisión estatal”.
Sin embargo, el relevamiento permite identificar además potenciales conflictos de interés como el caso del subsecretario de Sustentabilidad Minera, Juan Manuel Biset, que figura como representante de la minera brasilera ‘Vale’. En la misma línea, el informe menciona los casos del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Juan Manuel Bosch, que aparece como representante de la empresa pesquera extranjera ‘Sea and Fish Management BV’, y el subprocurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Luchelli, que participa como autoridad en el ‘Deutsche Bank Suisse’.
En tanto, las 890 participaciones se distribuyen en dos tipos de empresas: 50 % son cargos en sociedades anónimas locales, y 33 % de los cargos son en empresas radicadas en el exterior.
En la investigación se remarca que en el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, desembarcaron 26 altos funcionarios que figuran como autoridades de directorios o socios de empresas privadas. Una especie de ‘Ministerio SA’”, sostiene el informe. Y ahí aparecen, entre los casos llamativos, el Secretario de Coordinación, Tomás Felix Elizalde, que “registra 20 cargos de autoridad en empresas locales y 4 como representante de empresas constituidas en el exterior; también hay 3 funcionarios relacionados con el área de la gestión territorial, que son socios de una misma empresa, ‘LCDTH SRL’, dedicada al servicio de expendio de comidas y bebidas”.