14 noviembre, 2019

Pánico en Comodoro Py: El plan de Alberto Fernández para la Justicia

Nuevos aires recorren en América Latina y en especial en la Argentina con relación a la Justicia. Durante años, solo Lula o Cristina hablaron del Lawfare, la guerra jurídica para encarcelar o perseguir a líderes populares.  Por estas horas el presidente electo, Alberto Fernández, fue contundente en México: “Esos años lamentablemente terminaron con una enorme acción sobre los líderes progresistas del continente. Los tres más afectados fueron Correa, Lula y Cristina Kirchner. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente”.

Fernández fue directo con Macri el día que dialogaron al decirse que “no se puede ser rehén de esta gente” de Comodoro Py y le anunció que cambiará Comodoro Py. Paradójicamente, el presidente Macri acordó, quizás asustado porque en unos días estará en el llano y lo espera un centenar de denuncias por corrupción.

En las últimas horas se supo que Lula quedará libre por decisión del Supremo de Justicia y que el fiscal Carlos Stornelli, rebelde durante 7 meses, decidió presentarse al juzgado de Dolores, donde probablemente termine procesado por ser participe de la red de espionaje ilegal que comandaba Marcelo D’Alessio. No solo eso, anoche la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires decidió apartar a la jueza María Inés Garmendia que investigaba a Daniel Scioli y otros ex funcionarios por “parcialidad manifiesta”. Una jueza que prefirió seguir las ordenes de la gobernadora Vidal y luego de su procurador Julio Conte Grand para “aniquilar” a sus opositores políticos.

El presidente tiene claro que no alcanza con que algunos jueces ahora fallen a favor de ex funcionarios o otorguen la libertad a Cristóbal López o Fabián De Sousa, los dueño de C5N. “No alcanza”, dice Fernández y ya ordenó trabajar en un cambio profundo para dinamitar Comodoro Py e insólitamente tendría el apoyo del macrismo en el Congreso, aterrorizado de recorrer los pasillos de Comodoro Py.

Alberto Fernández ya está trabajando  con Gustavo Beliz  en un cambio profundo en las áreas de Justicia y la Seguridad. La idea central es unificar toda la justicia Penal. La idea que las causas de corrupción ya no estarían sólo en los 12 juzgados federales sino en los 63 juzgados criminales. Lo mismo pasaría con las cámaras que revisan las decisiones de los jueces de primera instancia. La Cámara Federal tiene cuatro jueces; la del Crimen, 14.

Beliz ya había trabajado en el año 2004 en un sistema ampliado para cambiar Comodoro Py. “El sistema actual hace recaer en unos pocos juzgados el control judicial de los actos más importantes de la administración y el gobierno federal con los resultados ya conocidos. En esos juzgados penales federales de la ciudad se concentra, hasta ahora sin éxito, la mayor parte de los reclamos de transparencia, celeridad y efectividad en la administración de justicia”, había señalado en un papers.

A la ampliación de los juzgados, la idea es avanzar en el nuevo Código Procesal Penal, que establece el sistema acusatorio, un sistema básicamente oral, con procesos más rápidos. El nuevo procedimiento incrementa el poder de los fiscales (las investigaciones pasan a depender de ellos y ya no de los jueces), es leída como otra vía para atenuar el control que hoy tienen sobre las causas los doce jueces federales.

Paralelamente, Fernández ya  trabaja en nombrar rápidamente un nuevo Procurador ya que el macrismo presionó y echó a Alejandra Gils Carbo y actualmente está en el cargo el procurador interino Eduardo Casal, un funcionario que jugo en tándem con el ministro de Justicia, German Garavano.

El nuevo gobierno también pondrá el ojo en el Consejo de la Magistratura donde jueces como Claudio Bonadio o Julián Ercolini deberán dar explicaciones y probablemente se jubilen o terminen en un proceso acusatorio por los desmanejos en estos cuatro años de perseguir a la ex presidenta o meter preso a ex funcionarios sólo por ser kirchneristas.

Por ahora, el presidente electo no quiere adelantar nada. Habrá que esperar hasta el 10 de diciembre.

 

 

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