Los ex intendentes de Cambiemos, Ramiro Tagliaferro y Nicolás Ducoté quedaron complicados esta semana luego de ser denunciados por serias irregularidades en sus respectivas gestiones al frente de los municipios de Morón y Pilar, entre 2015 y 2019.
En el primer caso, el Concejo Deliberante de Morón rechazó la rendición de cuentas 2019 realizada por el ex esposo de María Eugenia Vidal antes de dejar el poder tras constatar la existencia de empresas fantasmas, contrataciones a amigos de funcionarios, mercadería faltante, desaparición de expedientes y una voluminosa deuda pública que supera los 1.200 millones de pesos.
Lo insólito es que los números de la gestión macrista ni siquiera fueron defendidos por las y los concejales de Juntos por el Cambio, quienes prefirieron no estar presentes en la sesión que, en el marco del protocolo sanitario, tuvo lugar en el Teatro Municipal Gregorio Laferrere, con las correspondientes medidas de control preventivo y distanciamiento físico entre las y los ediles.
El rechazo al registro contable de la gestión de Tagliaferro estuvo basado en el grave estado económico y operativo en el que su gobierno dejó el Municipio de Morón, con un déficit de 1.400 millones de pesos. Además de la voluminosa deuda pública –que supera los 1.200 millones de pesos y que está siendo renegociada por la actual gestión municipal-, las y los ediles del Frente de Todos expusieron en la sesión hechos gravísimos que serán denunciados judicialmente: la contratación a empresas fantasmas o sin empleados, el pago de cuantiosos recursos a compañías sin trayectoria cuyos titulares tienen vínculos directos con funcionarios de Tagliaferro, la compra de mercadería, equipos o insumos hospitalarios que nunca llegaron al destino previsto y la asignación de voluminosas pautas publicitarias a portales de internet inexistentes, entre muchas otras malversaciones escandalosas del erario municipal.
Entre las deudas más cuantiosas se destaca la que la gestión Tagliaferro constituyó con la empresa de recolección de residuos Urbaser, a la que se le deben 15 quincenas (más de 6 meses) de servicio, por un total superior a los 600 millones de pesos. En un año electoral como fue el 2019, donde se invirtieron numerosos recursos en pautas publicitarias en medios y redes sociales y contrataciones de cartelería en vía pública, Tagliaferro llegó incluso a contraer deuda pública con el CEAMSE por más de 70 millones de pesos para poder derivar esa partida a otros gastos de menor relevancia.
En materia de empresas fantasmas, el bloque oficialista expuso varios ejemplos sorprendentes: en 2019 se compraron por casi 11 millones y medios de pesos alimentos secos y frescos, leches para el Hospital de Morón, golosinas, víveres para el Concejo Deliberante y alimentos para mascotas a una empresa cuyo titular es Franco Favini Ragone. Se trata de un amigo de funcionarios de Tagliaferro, cantante del grupo Destino San Javier y heredero del histórico Trío San Javier. La empresa a su nombre, según explicaron los ediles, no tiene depósito ni empleados y está domiciliada en un departamento de Lavalle al 1.500, en la zona de Tribunales en Ciudad de Buenos Aires.
Algo similar ocurrió con la proveedora Marta Inés Gómez –esposa de un vecino presentado como mayor contribuyente por el Gobierno de Tagliaferro-, a quien en 2019 se le compró alimentos para las colonias y el Hospital, botellas de agua, víveres para el HCD, elementos descartables, desayunos, servicios de lunch y meriendas para la Secretaría de Empleo, por más de 6 millones de pesos. La empresa a su nombre, domiciliada en un departamento de la calle Carlos Casares de Castelar, no tiene empleados, ni habilitación municipal, ni registra pago de tributos.
Llamó la atención de los concejales del oficialismo la celeridad en algunos pagos. A pesar de la inmensa deuda que dejó Tagliaferro con muchos proveedores de servicios esenciales, en la víspera de su salida del Municipio -el 9 de diciembre de 2019- le pagó varios millones a empresas como la de Tomás González García, de José León Suárez, (a quien se le compró insumos tan variados como estufas, juegos infantiles y artículos de librería por 15,5 millones de pesos) o Belfast SA, de CABA, a la que le pagaron 3,8 millones de pesos para arreglar escuelas que no se sabe cuáles fueron. Esta última empresa declaró al fisco que no tiene ni un solo empleado a su cargo.
Pilar
En el caso de Ducoté, avanza una denuncia por presunta malversación de caudales públicos que ya está en la justicia. Se alo acusa de haber realizado un millonario desvío de dinero y por contratar de manera directa a una ONG “fantasma”, en cuya dirección vive una pareja de artistas callejeros.
La denuncia fue presentada por la concejal María Paula González quien lo acusa de haber contratado en forma directa a la ignota “Asociación Civil Creando Futuro y Familia”. También sostuvo que le llamó la atención que la ONG no era de la localidad, ni se le conocía trayectoria alguna. “A partir de diferentes investigaciones se constató que se trató de una contratación directa y que la ONG cobró 1.169.000 pesos para la supuesta realización de un observatorio municipal de política social que tendría como objetivo generar datos y estadísticas del área para desde ahí poder implementar nuevas políticas de desarrollo social. Pero nadie sabe nada de la ONG, ni del observatorio”, sostuvo González en el escrito.
A esa denuncia se le suman varias más que ya se tramitan en la justicia federal por desviar fondos que estaban destinados a obras en los barrios más pobres, como la instalación de una planta de tratamiento cloacal, financiada mediante un convenio con Nación; obras en el Barrio Monterrey y hasta la entrega de 8 mil microcréditos en plena campaña de 2017.
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