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La Plata
28 octubre, 2020
PAÍS

El conflicto por la toma de tierras en Villa Mascardi preocupa al gobierno nacional

En medio del conflicto que existe en la zona de Villa Mascardi, provincia de Río Negro, por la toma de las tierras que desde el 2017 lleva a cabo la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul para reclamar por su territorio, se suman otras tomas como la del Bolsón, en un predio del INTA y, también, en algunas zonas del Gran Buenos Aires. Hace unos días el Ministerio de Seguridad de la Nación que dirige Sabina Frederic, quién relaciona los hechos con un problema habitacional y por lo que ya genera discrepancias con otros sectores, decidió denunciar penalmente a un grupo de vecinos de Bariloche que había convocado, a través de las redes, a un “banderazo patriótico” para manifestarse en contra de la toma de Villa Mascardi. De este modo, buscó impedir un enfrentamiento que podría haber desencadenado un accionar violento.

Según la ministra de Seguridad, los grupos convocados para enfrentarse a la comunidad mapuche que se encuentra a orillas del lago Mascardi habrían incitado a la violencia al proponer llevar armas para lograr el desalojo del lugar, por lo que se procedió a presentar una denuncia penal que permitió la presencia de la Gendarmería.

Los vecinos que se encontraban indignados y, al parecer fueron incentivados a participar de la marcha por el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, realizaron cortes de ruta y arrojaron piedras a los policías que se encontraban allí para proteger a los pueblos originarios.

La ocupación de esas tierras, que se encuentran dentro del parque Nacional Nahuel Huapi, en la ciudad de Bariloche, se produjo en noviembre de 2017, lo que desató un conflicto que se extiende hasta el día de hoy. En ese momento, la Justicia decidió desalojar el lugar con la intervención de la Policía Federal y la Prefectura, generando la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, a quien le dispararon por la espalda.

Precisamente, con el fin de evitar nuevos enfrentamientos, tanto el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, como el gobierno de la provincia de Río Negro que dirige Arabela Carreras, están tratando de mantener un diálogo fluido con las comunidades aborígenes de la región para, de una manera pacífica, tratar de resolver el problema territorial que los aqueja.

El encargado del Ministerio de Seguridad para tratar este problema con las comunidades aborígenes, Gabriel Fuks, informa que ya se está llevando a cabo el “Relevamiento de Tierras para Pueblos Originarios”, algo que se había dejado de lado durante el gobierno macrista y expresa que es momento de darle visibilidad a los pueblos mapuches que han estado por años sometidos a los intereses de los grandes grupos que concentran el dominio de las tierras.

Sin embargo, dentro del Gobierno se manifiestan distintas opiniones frente a esta situación, ya que mientras algunos piensan que es necesario hacer cumplir la ley y desalojar a los ocupantes de esas tierras, otros dicen que el problema no es ideológico, sino que trasciende a lo habitacional, por lo que es necesario que el Estado actúe para brindar una solución definitiva y no un castigo.

Así lo expresó la ministra de Seguridad en una entrevista ofrecida al periodista Reynaldo Sietecase en Radio con vos: “Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, eso no es un tema de Seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que, evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”.

Cabe recordar que no solo la región de Villa Mascardi se encuentra en conflicto, sino también, las zonas de El Bolsón, en donde hace poco un grupo de familias se instaló en un predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y, también, del Gran Buenos Aires, donde otro grupo de personas tomó los talleres del ferrocarril Mitre en la estación Victoria, localidad de San Fernando y varias hectáreas de terreno en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón.

Así, mientras algunos ven la gran deficiencia habitacional que padece una gran parte de la población del país, el bloque de Juntos por el Cambio intenta presentar una serie de proyectos que incluyen una reforma del Código Procesal Penal para que estas personas puedan ser desalojadas sin una orden judicial y no tengan la posibilidad de recurrir a un recurso de amparo.

De este modo, el senador bonaerense Juan Pablo Allan declaró a Infobae que el proyecto “busca darle a los jueces y fiscales herramientas para la restitución rápida de los inmuebles usurpados. Es decir, faculta al fiscal a restituir provisoriamente el inmueble, posibilidad que actualmente no está en el actual Código Procesal Penal”.

Por otro lado, por si el recurso judicial fuera poco, pretenden que se castigue a aquellos que usurpen un terreno con la suspensión de los planes sociales, algo que ya es criticado desde varios sectores.

 

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