Mañana es la fecha límite: la comisión de expertos que trabaja a pedido de Alberto Fernández en aspectos claves del sistema judicial planea entregar sus propuestas a través de un dictamen con recomendaciones, para que el Gobierno analice y envíe, en base a ellas, proyectos al Congreso.
Así, el presidente tendrá en sus manos las propuestas de este grupo de notables para reformar aspectos clave de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura y encarar el juicio por jurados, así como el traspaso de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.
La comisión, anunciada a fines de julio junto con el proyecto de reforma judicial, generó desde un primer momento un despiadado como injusto rechazo por parte de referentes del macrismo y de los medios hegemónicos que, como no podía ser de otra manera, estigmatizaron al grupo, imponiendo la idea de que detrás de esta movida estaba, cuándo no, Cristina Kirchner, por el único interés de zafar de sus causas judiciales.
Sin embargo, el grupo, integrado por 11 juristas de diferentes extracciones políticas, que se viene reuniendo dos o tres veces por semana, muy lejos de plantear cambios que favorezcan al kirchnerismo (tal el fantasma que hicieron sobrevolar aquellos que se oponen a todo lo que haga y diga el Gobierno), busca una salida consensuada sobre algo que viene reclamando la sociedad en su conjunto: disponer de una Justicia que actúe de una vez por todas lejos de las presiones políticas o del establishment, como quedó patentizado sobre todo durante los cuatro años del macrismo.
El hecho es que el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público -tal su nombre formal-, vino trabajando intensamente durante los últimos tres meses en medio de un cerrado hermetismo, y que quedará plasmado en un documento de alrededor de 500 carillas que compilan las discusiones e intercambios de ideas, aunque no contendrá definiciones taxativas en los asuntos más candentes, especialmente sobre los que no ha habido consenso.
Uno de los aspectos que generó pánico en el macrismo y los medios, fue la posible ampliación de los miembros de la Corte Suprema, pero se sabe ahora es que no habrá una propuesta en esa dirección. En cambio, habría una mayoría ajustada en pos de sugerir un límite al mandato del Procurador General (en 5 años de duración), algo que también quedaría atado a una flexibilización en las condiciones de designación (mayoría absoluta), pero que conservará dos tercios imprescindibles para su remoción.
Hay que tener en cuenta que las propuestas no son vinculantes. Esto significa que más allá de la formalidad de la entrega del documento, las miradas estarán puestas en cuáles podrían ser las recomendaciones que Fernández transforme en iniciativas concretas con resoluciones, decretos o proyectos de ley.
El texto que se presentará -que en los tramos centrales fue trabajado por los abogados Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera-, hace hincapié en un “enfoque transversal sobre género, federalismo e innovación”. Habrá un capítulo con propuestas, otro con fundamentos, y un último con las opiniones de los expertos que pasaron por la comisión para dar su parecer.
Hay consenso para promover una ley que aplique los jurados populares para la resolución de casos de delitos graves a nivel nacional; la discusión aún abierta es, para qué delitos sería, cómo se integran los jurados, si es obligatorio participar, si los veredictos requieren unanimidad. Por ahora cada provincia donde hay juicio por jurados tiene su propio régimen.
Además de los puntos vinculados con la Corte y la Procuración, hay consenso para promover una ley que aplique los jurados populares para la resolución de casos de delitos graves a nivel nacional; la discusión todavía abierta es para qué delitos sería, cómo se integran los jurados, si es obligatorio participar o si los veredictos requieren unanimidad. Por ahora cada provincia donde hay juicio por jurados tiene su propio régimen.
Y por otra parte, el traspaso de los juzgados y tribunales penales nacionales a la justicia porteña es algo previsto en el proyecto de reforma del Poder Ejecutivo. Las quejas fueron grandes en su momento, incluso de la Cámara del Crimen con una acordada en su momento. Los jueces y juezas de ese fuero perciben que los bajarían de jerarquía y algunos pretendían, por ejemplo, ir a tribunales federales. Con el fallo de la Corte que dice que los traslados nunca pueden ser permanentes, el consejo de juristas avalaría el traspaso en bloque a los tribunales porteños pero no al fuero federal.
Con durísimas críticas al macrismo, Alberto reclama que salga la Reforma Judicial