El 4 de junio de 2003, el presidente Néstor Kirchner llamó al mediodía al ministro Aníbal Fernández y le dijo que “Vamos a grabar en un rato un mensaje, voy a pedir el juicio a la Corte”.
Aníbal puso cara de asombro y el presidente le comentó: “¿Te asusta?”
-No, no me asusta, lo que te pido es que me digas que no volvemos para atrás”.
Néstor lo miró fijo y respondió: “Nunca ¿qué es el poder?, ¿los granaderos, el helicóptero, la quinta de Olivos? Si eso es el poder me voy a mi casa”.
Esa noche, durante 8 minutos por cadena nacional, el presidente que había asumido hacia dos semanas con solo el 22% de los votos, afirmó que no estaba dispuesto a aceptar presiones. Le reclamó al Congreso que separe a uno de los jueces de la llamada “mayoría automática, que apoyo al menemismo”.
Fue un discurso de alto voltaje político, Kirchner apuntó directamente a Julio Nazareno aprovechando las declaraciones que el magistrado hiciera un día antes en una polémica conferencia de prensa. Kirchner calificó a las palabras del juez como parte de “un pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda”.
Dijo en otro tramo: “Pedimos con toda humildad, coraje y firmeza a los legisladores que marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. Reclamó una instrumentación urgente de los remedios para el mal que enfrentamos”.
Qué había sucedido. Días antes, el ministro Gustavo Beliz, había expresado que “sería saludable que algunos miembros de la Corte presenten su renuncia” y la respuesta del presidente de la Corte, Julio Nazareno, le respondió que 27 de abril “no se voto” para elegir representantes de la Justicia sino para presidente y vice de la Nación. Pero la respuesta de Nazareno no solo quedó en palabras. Emitió una circular interna firmada por él y dirigida a todos los jueces de la Corte donde expresaba que “por disposición del presidente del Tribunal será presentada para ser tratada y dictar sentencia en el acuerdo por celebrarse el miércoles 11 de junio la causa “Lema, Armando Enrique sobre acción de amparo”.
Se trataba del caso de un ahorrista particular que demandó al Banco de la Provincia de Córdoba por un depósito en dólares atrapado por el corralón. Esto preocupó tanto a Kirchner como a Lavagna porque un eventual fallo favorable a la redolarización, en este caso de un depósito de un ahorrista particular, sería el inevitable efecto cascada de la medida en otros miles de reclamos y la obligación de convertir a dólares cientos de depósitos que en ese momento estaban en moneda argentina.
La historia es conocida: Nazareno renunció para no ser destituido por juicio político y posteriormente el Senado destituyó a Moliné O’Connor y posteriormente renunció Guillermo López. El presidente Kirchner había oxigenado a la Corte Suprema de Justicia.
La vicepresidenta Cristina Kirchner es un carta del 9 de diciembre fue muy clara en el rol que asumió la Corte junto a los medios de comunicación de querer controlar los actos de los otros poderes de la República. No hay que olvidarse que la Corte conspiró contra el gobierno de Cristina, anticipó que al fiscal Alberto Nisman lo habían asesinado sin ninguna prueba y durante el mandato de Mauricio Macri redactó la resolución que permitió detener bajo prisión preventiva a ex funcionarios kirchneristas. El presidente de la Corte en ese entonces, Ricardo Lorenzetti, en una reunión con jueces federales “les aseguró que en todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones que se dictaran contra ex funcionarios”. El juez Daniel Rafecas fue testigo de esa reunión y la hizo pública.
Quizás lo más importante de la carta de Cristina es que la Corte podría condicionar el accionar del gobierno en relación a su política económica, casi recordando lo que había afirmado Néstor en el 2003. En las próximas semanas la Corte deberá expedirse sobre los más de 250 mil reclamos judiciales por las distintas reformas a la fórmula de movilidad, por anulación de pensiones, por descuentos por ganancias sobre montos jubilatorios y hasta por mala liquidación de sentencias pagadas.
El segundo tema que preocupa es que hará la Corte con el pedido de Horacio Rodríguez Larreta para anular la ley sobre transferencias de ingresos a la ciudad, luego que Mauricio Macri le diera por decreto más de 3 puntos de coparticipación. Por estas horas el Banco Central solicitó que declare inconstitucional las leyes de Rodríguez Larreta que gravan con el impuesto a los ingresos brutos “las operaciones de pases, los activos subyacentes o colaterales, y operaciones sobre títulos, bonos letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y a emitir en el futuro por el Banco Central”.
¿Qué hará la Corte? Nada se sabe.
Lo que se vio hasta ahora preocupa y mucho al gobierno nacional. Lo dijo el mismo presidente al afirmar en varios reportajes que la Corte trabaja con “un nivel de discrecionalidad pasmosa” que debe ser corregido. “La Corte ve gravedad institucional cuando se afecta en algo a la Justicia ,¿Por qué el traslado de tres ignotos jueces es una cuestión de gravedad y la condena a un vicepresidente no? Qué me lo expliquen”, dijo enojado el presidente.
En el acto por el décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, el presidente Alberto Fernández expresó “que cada vez que tengo que tomar una decisión en algún lugar mío me pregunto, ¿y cómo haría Néstor? Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre”.
Quizás ha llegado el momento de llevar a juicio político a uno o dos integrantes de la Corte Suprema. Tanto Carlos Rosenkrantz como Ricardo Lorenzetti tienen varios pedidos de juicio en la Cámara de Diputados, incluso de la ex diputada Elisa Carrió. Quizás se gane o se pierda la votación pero será una forma contundente para que los argentinos observen los manejos discrecionales de estos personajes alejados de la ley.
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