Mientras Píparo y su marido se hunden, crece la protección política y judicial

El encubrimiento y la protección traducidos en apoyo político y judicial, sobrevuela la causa en la que están involucrados Carolina Píparo y su marido, Juan Ignacio Buzali: no sólo surge el blindaje por parte de la Municipalidad de La Plata hacia la diputada provincial, sino que hasta aparece en escena el Procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, a través de su vínculo con la fiscal que investiga el caso.

Justamente, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo ya tiene determinado que el robo que denunció Píparo en las primeras horas del nuevo año existió, pero no acepta una prueba que podría resultar clave: el secuestro y la apertura de los celulares de la legisladora, su esposo y el secretario de Seguridad del municipio platense, Darío Ganduglia.

En las últimas 48 horas se percibió la estrategia de desvincular a la legisladora de su marido. El abogado Fernando Burlando insistió varias veces con ese punto. Tal vez en la mira esté la idea de que Píparo apuntaba a ser la cabeza de la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires y están tratando de instalar que ella fue como una especie de observadora pasiva.

Según destaca hoy Raúl Kollmann en Página/12, buena parte del aparato judicial-municipal que interviene en el caso parece muy cercano al macrismo y su actuación resultó más que dudosa, empezando por el hecho de que no se le hicieron las pruebas de alcoholemia ni a Píparo ni a su marido, y luego se editaron los videos de los tres momentos claves del hecho: el robo, el atropellamiento y el posterior arrastre de la moto.

En tanto, la jueza Marcela Garmendia rechazó la recusación presentada por el abogado Martín de Vargas, representante de uno de los atropellados, Luis Lavalle. El letrado argumentó que el hijo de Garmendia tiene un cargo en la Municipalidad de La Plata, gobernada por Cambiemos, justamente donde también está Ganduglia, que no ordenó el test de alcoholemia y apareció sorpresivamente defendiendo a Píparo en el lugar de los hechos.

Respecto de la fiscal Di Lorenzo, es cercana al Procurador Conte Grand, otro funcionario judicial alineado con el macrismo. El entramado parece actuar defendiendo por un lado a Píparo y por el otro a Ganduglia, posible candidato a intendente de La Plata por un sector de Juntos por el Cambio.

En ese marco de suspicacias políticas, la convocatoria de Píparo en carácter de testigo no deja de llamar la atención:

– Para la fiscal está claro que fue víctima de un robo y por eso hizo una causa aparte con ese hecho. Según trascendió, hay una cámara privada del lugar donde ocurrió el ataque, pero dicen que las imágenes son muy malas y casi no se ve nada.

– Hay una duda relevante: en la cuadra donde se produjo el robo, ningún testigo vio ni escuchó nada. Existe la hipótesis de que Píparo mintió sobre las características de lo ocurrido. Tal vez no fueron seis motochorros, armados, como relató la legisladora, sino un arrebato de celular y cartera. La diputada habría agrandado los hechos después para justificar el atropello posterior.

– Se confirmó que la legisladora y su marido no le dieron la mínima asistencia a los atropellados y seguramente en eso no se puede alegar que la diputada fue sólo testigo. Más aún, ostenta el cargo de Secretaria de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata.

En tanto, el titular de la comisaría primera de La Plata, Julio Del Dago, declaró ante la Justicia que Píparo no dijo que atropellaron a dos motociclistas a quienes perseguían en auto junto a su esposo tras denunciar haber sufrido un robo.

Rodolfo Baqué, uno de los abogados de los jóvenes embestidos, relató que “le preguntamos al comisario si Píparo, por estar a cargo del área de Asistencia a las Víctimas (del municipio), le había preguntado cómo estaban las víctimas (atropelladas), si había llamado al Same, o si comentó que había personas heridas, y dijo que no, que no le dijo nada de eso”.