La Justicia suspendió por tres meses la aplicación del aporte a las grandes fortunas para uno de los 13.000 multimillonarios incluidos en esa norma. Se trata del empresario Alejandro Scanapiecco, ejecutivo del unicornio argentino Globant, una de las compañías beneficiadas por la ley de la economía del conocimiento.
La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, del Contencioso Administrativo Federal 8, quien al dictar el amparo le ordenó a la AFIP que no le cobre el impuesto al empresario.
De esta manera, el fallo hace lugar a la presión del integrante de la cúpula empresarial, y se opone a la ejecución de la ley nacional sancionada en el Congreso tras un extenso debate en ambas cámaras.
Así, la cautelar, catalogada por “escasos fundamentos” desde una parte del Gobierno, pondera a un empresario por sobre el interés público del cobro por única vez de una porción de los bienes del 0,2 % de la población argentina.
Scanapiecco había presentado un amparo en la Justicia para no pagar el impuesto, alegando que afecta a su derecho a la propiedad y que no se trata de un “aporte solidario” como asegura la ley, sino de un tributo “confiscatorio”, el cual se “exige sin contraprestación, en forma coercitiva, no es voluntario u optativo, está destinado a contribuir a financiar el gasto público”.
“El aporte afecta su capacidad contributiva al menoscabar significativamente su renta, gravada ya con el Impuesto sobre los Bienes Personales y que de manera tangencial también se afecta el derecho de propiedad”, agregó el texto.
Por el momento, la decisión tendrá una vigencia de tres meses con una caución real de $ 100.000 hasta que se resuelva la cuestión de fondo que reclama el empresario.
Scanapiecco, quien vive en Uruguay con toda su familia, pertenece al selecto grupo de los 13.000 más opulentos de Argentina, y acumuló su riqueza gracias al mercado nacional. Globant, la empresa de la que fue CEO, presta servicios de tecnología y nació en Argentina, pero mantiene sede en la guarida fiscal de Luxemburgo.
Globant incluso se beneficia del Estado a través de la ley de economía del conocimiento. Es decir, no rechaza los subsidios, pero sí el pago de obligaciones como el aporte extraordinario por única vez, y minimiza el aporte de impuestos que, entre otras cosas, fondean los beneficios fiscales.
La ley del impuesto a las grandes fortunas, reglamentada el 30 de enero, contó con un escaso nivel de judicialización, pese a los augurios prometidos por el propio “círculo rojo”: apenas seis mega ricos presentaron amparos para oponerse al pago.
Por el aporte solidario, los multimillonarios deben abonar desde el 2 % de su patrimonio declarado en diciembre de 2019. La alícuota se eleva a tan solo el 5 % cuando cuenta con bienes radicados en el exterior. Teniendo en cuenta que con la devaluación y las ganancias extraordinarias que amasó este 0,2 % de la población desde ese momento, ya recuperaron con creces el monto que deben transferirle al Estado. Más aún, la tasación ante el fisco consiste en una muy inferior a la de mercado, por lo que no deben responder por la valuación “real”.