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La Plata
13 junio, 2021
PAÍS

Clases presenciales: la Corte podría fallar antes de que expire el decreto, o bien lo dejaría para más adelante

Al filo del vencimiento del decreto presidencial que dispuso la suspensión de las clases presenciales en el AMBA –que se cumplirá en la medianoche de mañana-, la Corte Suprema de Justicia se prepara para pronunciarse en la causa en la que se debate la constitucionalidad del DNU, y que derivó en un fuerte cruce entre el Gobierno nacional y la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En la Procuración General de la Nación, la procuradora ante la Corte, Laura Monti, y su equipo trabajaron para contestar lo antes posible la vista que les dio el máximo tribunal sobre el expediente, aunque esa opinión no es vinculante para los jueces.

La Corte ya había recibido el descargo de la Nación presentado mediante un escrito a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini, y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.

En ese escrito, Zannini y su equipo de letrados habían contestado los argumentos de Rodríguez Larreta sobre la inconstitucionalidad del decreto y la necesidad de abrir las escuelas. En ese marco, la Corte le dio ocasión a la Ciudad para que analice los argumentos de la Nación presentados por la PTN y responda en 48 horas.

También, el máximo tribunal había rechazado el pedido del Gobierno para incorporar como “parte” en el reclamo por las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires.

A partir de esto, le otorgó al Procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, un plazo de 72 horas para que emita su opinión ante el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires.

Días atrás, la gestión porteña puso en duda la constitucionalidad del decreto presidencial, con el argumento de que ataca la autonomía de la Ciudad, al tomar decisiones sobre la educación, un asunto reservado en la Constitución Nacional a la jurisdicción local, después de que el presidente Alberto Fernández decidiera el retorno a la virtualidad en las aulas hasta el 30 de abril, como consecuencia del incesante aumento en el número de contagios y muertes a raíz del coronavirus.

Por el contrario, la Nación rechazó estos argumentos y definió su reclamo en motivos legales y sanitarios, atribuyéndole a la administración de Larreta “una mirada negacionista de la realidad”.

Mientras tanto, se aclara que la Corte Suprema, a pesar de que reciba el dictamen de la Procuración en las próximas horas, puede fallar cuando lo disponga, por cuanto no tiene plazos.

Por lo tanto, esta situación abre la posibilidad de que expire el plazo del decreto y que aun así la Corte dicte una sentencia declarando abstracto del problema, pero defendiendo la autonomía porteña y los límites del Poder Ejecutivo con los decretos, con lo que el fallo puede no tener efecto en el presente, sino a futuro, para actuar como un mandato ante nuevos decretos que prorroguen las restricciones.

 

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