A 20 días de lo que, sin lugar a dudas, será una marcha multitudinaria con epicentro el edificio de la Corte Suprema de Justicia, desde distintos ámbitos crece el interés por el objetivo de la convocatoria, que apunta sobre todo a transformar el funcionamiento de gran parte del Poder Judicial, y para pedir “el fin del lawfare”.
En realidad, no es algo novedoso el malestar contra lo que es el andamiaje de la justicia, tan bastardeada por jueces y fiscales que, en realidad, responden a intereses del llamado poder real -representado desde el punto de vista político por el macrismo-.
Pero la gota que rebasó el vaso fue la reciente decisión del máximo tribunal de derogar la ley que impulsó Cristina Kirchner en 2006, cuando era senadora nacional, y que redujo la composición del Consejo de la Magistratura a 13 integrantes. El órgano que regula al Poder Judicial fue instado a volver a su conformación original de 20 miembros antes del 15 de abril.
El fallo provocó el malestar entre sectores y personalidades afines al Frente de Todos, pero fundamentalmente en el kirchnerismo. Bajo el hashtag #1FMarchamosALaCorte, comenzó a organizarse la convocatoria para el 1 de febrero próximo a las 18 que, como no podría ser de otra manera, genera el rechazo de Juntos por el Cambio y de los medios hegemónicos.
Desde el oficialismo resaltan la hipocresía de una oposición que repudia una marcha contra la Corte a partir de un fallo puntual, y recuerdan que en el caso de los halcones del macrismo hubo un caso similar hace algo más de un año. Fue cuando a fines de 2020, un grupo de manifestantes convocados de forma expresa por la titular del PRO, Patricia Bullrich, se movilizó a raíz de un fallo del tribunal, que establecía que los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli deberían dejar sus cargos en cuanto se eligiesen nuevos magistrados por concurso.
Por eso, algunas de las consignas de la convocatoria son: “No a la Corte mafiosa”, y “La podredumbre del Poder Judicial hay que terminarla con el pueblo en la calle”.
Más allá de que se intente mostrar que la movilización es fogoneada desde el Gobierno, en la Casa Rosada aclaran que no se trata de una convocatoria propia, aunque sí admiten estar a favor de que “todas las personas se puedan expresar libremente”.
Y enfatizan que Alberto Fernández siempre tuvo una mirada crítica sobre el desempeño del sistema judicial en general, y la Corte Suprema en particular.
Precisamente, días atrás el presidente dijo que “en la Corte hay un problema de funcionamiento muy serio”, y que “desde el momento en que el gobierno de (Mauricio) Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante”.
Esa es una visión que el mandatario comparte con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, que en reiteradas ocasiones cuestionó su funcionamiento, como cuando dijo que fue la propia Corte “la encargada de encabezar y dirigir el proceso de lawfare”, y de garantizar la impunidad de los ex funcionarios de Cambiemos.
La movilización al palacio de Tribunales, tiene como uno de los impulsores al juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, quien indicó que “si quieren descalificar se equivocan. Quieren decir que esta movilización la convoca el Gobierno, pero, como siempre, mienten. Yo asumo la responsabilidad, me sumé a argentinos de bien, que quieren expresarse el 1F. Usan a la mafia judicial como una herramienta contra el pueblo y se victimizan. Espías, causas inventadas, persecuciones”, enumeró.
En tanto, desde el Gobierno se escuchó la voz del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que opinó que “hay mucha gente con hartazgo”. En esa línea, destacó que “siempre avalo toda expresión popular directa. Me parece sano y estoy de acuerdo cuando, sin intermediarios, la gente les dice a los poderes hegemónicos su opinión y les pide límites”.
Y agregó: “Hay límites que el gobierno de Mauricio Macri superó, barriendo con todo en materia de manipulación política, judicial y protección del poder mediático y eso genera hartazgo. Me parece muy positiva la movilización”.
Del lado de la oposición, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que le parece “gravísimo el avance y ataque del Gobierno nacional a la Corte”. También se refirió a la marcha del 1F y cuestionó que “participen funcionarios nacionales” para pedir la renuncia de los miembros.
Mientras, Patricia Bullrich tuiteó: “Estas declaraciones no hacen más que ratificar lo que venimos diciendo: el verdadero plan del Gobierno es colonizar la Justicia para destruir la división de poderes de la República y garantizar la impunidad del kirchnerismo. Seguiremos luchando por una Justicia independiente”.
“Una marcha impulsada por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia contra la Corte Suprema solo puede ser ‘algo bueno’ en las afiebradas mentes del kirchnerismo. ¡Les resulta totalmente inaceptable la división de poderes y la Justicia independiente!”, escribió a través de su cuenta de Twitter Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja.
Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también hizo público su rechazo a la marcha contra la Corte: “Los poderes políticos deben ser los primeros en respetar la independencia de la justicia. En un sistema democrático no se puede descalificar ni presionar tribunales porque no nos gustan sus fallos, menos cuando ese tribunal es la Corte Suprema, órgano máximo del Poder Judicial”.
Y el presidente del bloque de diputados nacionales de PRO, Cristian Ritondo, apuntó contra lo que considera “atropellos institucionales” del Frente de Todos: “El kirchnerismo pretende imponer una agenda de impunidad y patotea a la Corte Suprema para disciplinar al Poder Judicial. Con la unidad de Juntos por el Cambio lo vamos a impedir como ya impedimos las reforma judicial y la del Ministerio Público”.