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La Plata
15 mayo, 2022
PAÍS

La “justicia” sigue operando a favor de Macri: la causa por la quiebra del Correo volvió a paralizarse

Ya con el récord de mantenerse en los tribunales por más de 20 años, la causa del Correo Argentino vuelve a caer en estado de parálisis. La novedad es que ahora Mauricio Macri y su familia consiguieron suspender la decisión sobre la quiebra de la empresa, decretada en 2021, hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre una maniobra que ellos mismos impulsaron.

Ahora, con la decisión en manos del máximo tribunal, todo indicaría que se habilitará a que la Justicia porteña se entrometa en el expediente para desplazar a la fiscal Gabriela Boquin (que frenó la condonación de la deuda) y a la jueza Marta Cirulli (que decretó la quiebra).

El expediente por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado y más de 700 acreedores lleva más de 20 años en los tribunales: la Corte, por su parte, no tiene plazos y resuelve lo que quiere cuando quiere, por lo que la operación es más que evidente: una vez más, los Macri ganan tiempo y no pagan sus deudas.

La decisión de suspender el proceso de quiebra de Correo Argentino la tomó por mayoría la Sala B de la Cámara Comercial con su nueva conformación. La histórica Matilde Ballerini y la sorteada para desempatar, María Elza Uzal, votaron a favor de los Macri. Por su parte, la nueva integrante por concurso, Guadalupe Vazquez, sostuvo que suspender todo hasta que la Corte resuelva contradice la ley de Concursos y Quiebras.

A esta instancia se llegó por un pedido de Socma Americana, la controlante de Correo Argentino, cuyos accionistas son los hermanos y sobrinos de Macri, que no figura en los papeles. Esto es otra irregularidad, ya que la deudora es Correo Argentino y no su accionista controlante.

Concretamente, la Corte debe pronunciarse sobre si el Tribunal Superior de Justicia (TJS) porteño puede meterse en el caso y definir sobre un deseo recurrente de los Macri: el desplazamiento de la fiscal Boquin, que frenó la condonación de la deuda con el Estado y denunció el vaciamiento del Correo. Lo mismo sobre la jueza Cirulli, a quien los Macri recusaron cuando vieron que iba a decretar la quiebra.

La familia Macri busca que la causa sea manejada por el tribunal porteño, porque el TSJ responde al ex presidente: lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el gobierno de Cambiemos, y Vivian de Langhe, que es a quien el ex presidente le encomendó en sus tiempos como jefe del Gobierno porteño la formación de los policías en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Como si fuera poco, el fiscal general porteño es Juan Bautista Mahiques, el ariete del lawfare durante el gobierno de Macri, por lo que está clarísimo que el ex mandatario no necesita llamarlos, teniendo en cuenta que, de hecho, ya avisaron que quieren meterse en el caso Correo.

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