Presentaron una denuncia ante las Naciones Unidas contra los jueces de la Corte Suprema

Organismos de derechos humanos presentaron una denuncia ante las Naciones Unidas contra la Corte Suprema de Justicia, al considerar que está “cooptada por injerencias político-partidarias”, y se ha convertido en exponente de un proceso “regresivo” que afecta la “independencia e imparcialidad de todo el sistema de justicia federal”.

La definición surge de una presentación ante la Relatoría especial sobre independencia judicial de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, a cargo del peruano Diego García Sayán.

La denuncia fue hecha por la Asociación civil Abogados por la Justicia Social (AJuS) La Plata Berisso y Ensenada, junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y otros siete organismos. 

El eje de la presentación es un análisis del papel que dejó expuesto el máximo tribunal al dictar en diciembre último el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura que estuvo vigente durante 16 años, para reimplantar la integración —que surge de una ley derogada— y que instaló al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, al frente del organismo.

Fue una apropiación de la justicia que, como señala el texto, se tradujo en una intervención “parcial e interesada”, para que la Corte se metiera en el Consejo “encargado de administrar los fondos del Poder Judicial, como de la selección y sanción de magistrados”.

El máximo tribunal “usurpó funciones de los otros poderes”, y la denuncia revela el corolario de un proceso de degradación judicial marcado por la herencia “de un gobierno que ejerció un plan sistemático y estructurado de cooptación” de los tribunales, en referencia a la gestión de Mauricio Macri.

Hay que tener en cuenta que la Relatoría no tiene poder de emitir sanciones, pero puede instar a los gobiernos para que cumplan con estándares que garantizan la protección de los derechos humanos, y que van de la mano con la independencia e imparcialidad judicial.

El efecto de un pedido de informes de García Sayán puede tener impacto político, y consecuentemente marcar el camino para la toma de decisiones. En este caso, los organismos de derechos humanos le piden que intervenga, que evalúe y que en lo posible haga una visita a la Argentina.

No es la primera vez que plantean algo así e incluso hubo una denuncia anterior vinculada también con la Corte Suprema. En diciembre denunciaron un muestrario de casos en los que Carlos Rosenkrantz intervino como juez supremo pese a tener conflicto de intereses ya que, como abogado, él o su estudio habían representado a un sinfín de grandes empresas. A

Los que señalaron fueron expedientes donde eran parte Clínica Estrada, Petroquímica Cuyo, YPF, Axion Energy y Claro. Sumaron el de Carlos Blaquier (cajoneado por la Corte durante seis años para facilitar su impunidad biológica) dado que existía una relación del supremo con el empresario.

A todo eso sumaron el repaso de cómo fueron designados tanto Rosenkrantz como Rosatti por decreto de Macri, luego corregido por el acuerdo del Senado. Aquella denuncia también incluyó un capítulo sobre las visitas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, como para mostrar los modos en que el sistema judicial argentino se ve condicionado. A

Y marcan específicamente cómo eso fue definiendo el recorrido del caso Memorándum, que decidieron reabrir para que se investigara a Cristina Kirchner y algunos de sus funcionarios, como Héctor Timerman. Como es conocido ya, el Tribunal oral 8 concluyó el año pasado que no hubo delito, y mencionó críticamente las visitas de Borinsky y Hornos.a