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La Plata
31 enero, 2023
PAÍS

La causa judicial a un mes del ataque contra Cristina: sólo cuatro detenidos y no mucho más

El posible financiamiento, la planificación previa y el riesgo latente de que alguien vuelva a intentarlo, son algunas de las líneas de investigación sobre las que trabaja la justicia y que impulsa la querella en el marco de la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, del que ayer se cumplió un mes.

Hasta el momento, los textos de los procesamientos exhiben pocos avances, no mucho más que lo que surgía de tener a los autores materiales del ataque el mismo 1 de septiembre cuando se produjo el ataque frente al edificio donde vice la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta.

Con cuatro personas detenidas y procesadas, entre ellos el agresor Fernando Sabag Montiel y su pareja Brenda Uliarte, la justicia intenta avanzar sobre posibles autores intelectuales del plan magnicida, para lo que fueron concretadas medidas de prueba cuyo objetivo apunta a trazar perfiles económicos de los imputados, y evaluar su conexiones y contactos.

La búsqueda de un departamento en el barrio de Recoleta, donde se encuentra la vivienda de la ex presidenta, y los mensajes de Sabag Montiel en los que se refería a su motivación económica para emprender un plan criminal de tamaña envergadura, son algunos de los elementos que abrieron nuevas líneas de investigación.

Otro elemento que en los últimos días generó expectativas en los investigadores fue el avance en el peritaje del teléfono del atacante: fuentes de la investigación aseguraron que se pudo recuperar información que se creía perdida a partir de que el dispositivo Samsung se había reseteado cuando la Policía Federal intentó abrirlo en el comienzo de la pesquisa.

En tanto, la preocupación sobre un posible nuevo intento de ataque contra Cristina se encuentra extendida entre los dirigentes, sobre todo después de que la custodia de la vicepresidenta detectara movimientos sospechosos alrededor de su casa durante el mes de septiembre.

En ese sentido, pudo saberse que la custodia vicepresidencial detectó que la fachada del edificio de Recoleta fue fotografiada y filmada por distintas personas durante septiembre, que además tomaron vistas de las medidas de seguridad en la zona.

Un mensaje de Whastapp escrito por Sabag Montiel el 15 de agosto y detectado por la querella que representan los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazaba, robusteció la idea de que los atacantes pudieron haber recibido dinero a cambio de intentar asesinar a Fernández de Kirchner, como así también para hacer inteligencia previa.

“Yo quisiera hacerme el vendedor de copos (de nieve azucarada) y meterle un corchazo”, había escrito en un grupo en el que luego, al referirse a su pareja Brenda Uliarte, agregó: “Yo a ella la trato de bajar, pero a mí me importa la plata, si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada, bienvenido sea”.

Esos mensajes fueron volcados en una presentación que hizo la querella esta semana ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo quien, desde el comienzo de la investigación trabajó en la elaboración de perfiles económicos de los imputados, que por ahora no arrojaron mayores novedades.

En ese escrito también se recordaron los mensajes encontrados en el celular del procesado Nicolás Carrizo, jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve, donde Joana Colman, a quien tenía agendada como “Joa”, decía: “Por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal, eh”.

La hipótesis de que los agresores habrían accedido a financiamiento para ejecutar el plan magnicida se vio engrosada además cuando los investigadores encontraron en el teléfono de la detenida y procesada Uliarte información que daba cuenta que habían intentado alquilar un departamento en Recoleta, donde los precios no son precisamente accesibles.

Fuentes de la investigación señalaron que se halló un video de un departamento que le habría sido enviado quien intentaba darlo en alquiler por lo que, por estas horas, la fiscalía intenta reconstruir ese contacto con el objetivo de obtener algún testimonio que permita profundizar esa línea de investigación.

El abogado Ubeira, por su parte, reveló que ese departamento no estaría ubicado frente a la vivienda de la vicepresidenta sino a varias cuadras, más cerca de la Avenida Callao.

Otra de las definiciones que dejó Ubeira tiene que ver con la preocupación que existe en ciertos sectores de la política en relación a la seguridad de algunos dirigentes, como el caso de Máximo Kirchner, a quien la banda de los copitos tenía entre sus objetivos según surgió de los mensajes detectados.

Esa misma inquietud había dejado, por escrito, el juez Martínez de Giorgi cuando consideró que las denuncias contra los referentes del espacio Revolución Federal -que agita violentas consignas antikirchneristas y antipolítica en general- debía ser tramitada por su colega Capuchetti junto con la del intento de magnicidio.

Aunque finalmente la Cámara Federal porteña no le dio la razón y le ordenó seguir investigando, quedó flotando aquella frase en la que sostuvo que no es posible “afirmar que el plan delictivo haya finalizado ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la Vicepresidenta de la Nación o de otros funcionarios”.

 

 

 

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