Con el argumento de que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”, Alberto Fernández finalmente volvió a dar marcha atrás ante una medida anunciada por él mismo, y adelantó que le transferirá a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la reciente cautelar de la Corte Suprema sobre el tema de la coparticipación federal.
El pago será realizado con bonos TX31, según anticipó hoy el presidente en un extenso hilo de tuits, y abarcará los fondos correspondientes a 90 días de vigencia de la medida cautelar.
“Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, anunció el jefe de Estado.
“Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, agregó.
El mandatario recordó que los bonos TX31 ya fueron aceptados por el máximo tribunal en una demanda por coparticipación promovida por la provincia de Santa Fe.
Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022
Los TX31 son bonos del Tesoro en pesos que pagan 2,5 % por sobre el ajuste del índice CER. Son títulos que nunca fueron licitados, y efectivamente fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti.
Según Fernández, “la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y, por lo tanto, está viciada”. La justificación concuerda con la carta compartida la semana pasada por el presidente y otros 14 gobernadores en la que criticaron la definición judicial e indicaron que no sería acatada por Nación.
Ahora, Fernández decidió volver sobre sus pasos y transferir a la jurisdicción porteña el porcentaje correspondiente a los fondos coparticipables que dispuso la Corte, el cual pasará del 1,4 % actual al 3,5 % del que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de CABA, gozaba con anterioridad a que el jefe de Estado lo redujera en septiembre del 2020 para traspasar fondos a la Provincia de Buenos Aires.
En sus posteos, el presidente confirmó la estrategia judicial anunciada la semana pasada: instruyó al procurador Carlos Zaninni para que presente un recursos de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada. Al mismo tiempo, ordenó recusar a los cuatro integrantes de la Corte que firmaron esa resolución, “porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, explicó.
No obstante, Fernández marcó un cambio con respecto a lo que se había informado la semana pasada y resaltó: “Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”.
Y agregó: “Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución del CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.
El jefe de Estado instruyó además al ministro de Economía, Sergio Massa, a enviar un proyecto al Congreso que se debatirá en sesiones extraordinarias para que se prevean en el Presupuesto los recursos necesarios para hacer cumplir el fallo judicial.
“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, completó.
De todas maneras, una a favor del presidente, según destacan en los despachos oficiales: con este anuncio, les tira papel pintado, para evitar así la figura del desacato, mientras recusa a los jueces de la Corte. Es decir, deja sin argumentos políticos o jurídicos a la oposición y ratifica la protesta “in limine”.
El instrumento utilizado por el Gobierno nacional, como ya lo había hecho con un arreglo también por un fallo de la Corte por coparticipación con San Luis y Santa Fe, vence en 2031 y comienza a pagar capital a partir del 2027. La decisión de utilizar un instrumento financiero modifica la velocidad de los desembolsos a la que obliga la Corte, sin discutir el tema de la distribución federal de los ingresos, según reconocieron fuentes oficiales.
El mecanismo desarticula además el aporte de campaña que otorgó el máximo tribunal para el uso electoral de Horacio Rodríguez Larreta. Los bonos comienzan a pagar capital en 2027 y no tienen un mercado secundario para su reventa; con lo cual, si la Ciudad quisiera monetizarlo debería hacerlo directamente al Estado nacional y recibiría un precio teórico de mercado de 19 centavos por cada peso de valor original.
La semana pasada, el gobierno nacional había anunciado en un comunicado de prensa que no acataría el fallo. La decisión había sido exigida y respaldada por 14 gobernadores peronistas, especialmente por los que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Mientras tanto, el gobierno porteño evaluaba esta mañana distintas alternativas para exigir ante la Corte la ejecución del fallo.