El desprestigio de la Corte: Los supremos en pie de guerra

El administrador general de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, fue desplazado de ese cargo por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y enviado a una suerte de ostracismo judicial a la Cámara de la Seguridad Social. La razón fue simple: Marchi envió al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, cuatro auditorías de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) impresas y otras 18.747 fojas digitalizadas, con las pruebas recogidas que muestran un verdadero escándalo de corrupción administrativa. Ricardo Lorenzetti salió en su defensa.

Marchi le pidió a Rosatti que envie ese informe a la Comision de Juicio Politico de la Camara de Diputados. El material era explosivo: la Obra Social  perdido 3 mil millones de pesos en seis meses, no en el pasado remoto sino en 2022; se detectaron faltantes de 30 mil medicamentos; hubo aumentos de 500 por ciento para prestadores elegidos y compras directas; más otras cuestiones ya conocidas como que no hay presupuestos oficiales, ni sistema contable ni balances.

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda le cortaron la yugular al funcionario que llevaba 15 años en ese cargo, pero Lorenzetti lo defendió.

“Es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril de 2023, en relación a la Obra Social. Es un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que es el respeto de la legalidad y la transparencia”, proclamó Lorenzetti en su voto en disidencia. Luego agrega: “La verdadera razón (de la remoción) es, obviamente, una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de Abril, que no parece gustar”, subrayó.

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda firmaron este jueves una Acordada en la que dispusieron “suprimir el Cuerpo de Auditores Judiciales, la Asesoría Jurídica, el Cuerpo de Auditores de Gestión y la Unidad de Auditoría Interna” y dispusieron “la creación de la Dirección General de Control Interno y Auditoría, bajo dependencia directa de pleno del Tribunal”.

Así, ese control interno y auditoría estará bajo la supervisión (y reportará) del tribunal cuyo funcionamiento debe monitorear para detectar fallas en su funcionamiento y eventuales actos irregulares.

Nuevamente, Lorenzetti votó en disidencia: “Si se trata de controlar el funcionamiento de la Corte de modo transparente, no se crearía una secretaría con un secretario que seguramente será una persona de confianza, sin concurso, con lo cual el control quedaría en manos de personas que dependen de los controlados”.

La Corte explicó las modificaciones de su estructura en que es “necesario dotar de mayor especialidad y autonomía funcional al órgano encargado de realizar el control contable, financiero y de gestión de la superintendencia que desarrolla como cabeza del Poder Judicial”.

“Resulta conveniente crear una Dirección de Control Interno y Auditoría, que integrará las funciones y competencias de la Unidad de Auditoría Interna y del Cuerpo de Auditores de Gestión, y que reportará al pleno del Tribunal a fin de asegurar la necesaria autonomía funcional respecto de las áreas controladas”, suscribieron los tres jueces que manejan una suerte de nueva mayoría automática en el tribunal.

Sobre el traslado de Marchi, dispusieron que “pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de la Seguridad Social atento a las necesidades de dicho fuero”.

La decisión incluye la “designación de los funcionarios que asumirán transitoriamente las responsabilidades de la Secretaría General de Administración y de la Secretaría Jurídica General hasta tanto se cubran definitivamente esos cargos”.

La Secretaría General de Administración –que ocupaba Marchi- “quedará de manera transitoria a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1, Damián Ignacio Font”.

Lorenzetti reaccionó: “Se designa en su reemplazo a un secretario civil que no tiene ninguna experiencia en la administración, para desplazar a un funcionario que está hace quince años, que se desempeña con el aval de todos los ministros y sin objeciones”.

“El enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial”, advirtió.