Desde su rol como titular del Partido Justicialista a nivel nacional, el presidente Alberto Fernández decidió y ejecutó hoy la intervención del partido en la provincia de Jujuy, en el marco del rechazo a la reforma de la Constitución provincial que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales con apoyo de esa delegación del justicialismo.
La medida fue adoptada tras el apoyo de varios legisladores del peronismo jujeño a la reforma constitucional que “viola derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a la huelga o a protestar”.
Según se confirmó a través del documento que difundió la portavoz Gabriela Cerruti, el jefe de Estado designó como interventores al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, por un plazo de 360 días.
Según el presidente, el apoyo de parte del peronismo jujeño a la reforma constitucional impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, demostró que las autoridades del partido a nivel provincial “comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrinas que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu y la letra” de la Constitución nacional.
“Como es de público conocimiento, un grupo de legisladores del Partido Justicialista del Distrito Jujuy, amparados por las autoridades del Partido Distrital, votaron favorablemente a la introducción de modificaciones en la Constitución Provincial avasallando y restringiendo derechos fundamentales consagrados por nuestra Carta Magna”, afirma el escrito presentado por Alberto Fernández.
Desde su rol como jefe del PJ nacional explicó en la presentación de la intervención que la decisión sucede luego de que “un grupo de afiliados al Partido Justicialista presentan una nota manifestando su preocupación ante el avasallamiento de los derechos humanos cometido por el Gobierno de Jujuy y su decisión de sancionar una Constitución provincial que viola derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a huelga o a protestar”.
El Gobierno nacional ya había pedido a la Corte Suprema que dictara una cautelar para suspender los artículos de la Constitución de Jujuy que limitan el derecho a la protesta y afectan los derechos de los pueblos originarios. Antes, el Ministerio de Justicia les había reclamado a los supremos que dictaran la inconstitucionalidad del texto que Gerardo Morales hizo aprobar a las apuradas, pero no tuvo respuesta.