Habiendo llegado a la presidencia con la promesa del “plan motosierra”, Javier Milei lo está poniendo en marcha sin mayores contemplaciones y como muestra de su perversión, parece disfrutar de este momento, donde, en medio de una situación económica adversa a raíz de las brutales medidas que se vienen aplicando, los telegramas de despido no paran de llegar.
Así, el cierre de marzo llega con miles de despidos en distintas dependencias públicas del país, en una cifra que continúa abierta porque los trabajadores siguen recibiendo notificaciones de bajas, y se sabía que continuarían de aquí al 31, más allá del feriado largo. Esto, sin contar los despidos en organismos descentralizados y empresas públicas, o los casos de suspensiones y levantamientos de áreas y programas completos, como es el caso de los medios públicos.
Como si fuera poco, y mientras desde el Gobierno se jactan de llevar adelante esta despiadada ola de despidos, las formas en que los empleados que se quedan sin trabajo se enteran, son diversas, pero siempre muy crueles. Algunos, por WhatsApp, otros por Twitter, y otros, por mail. Además, la guadaña de esta primera etapa incluye a embarazadas, delegados gremiales, personas discapacitadas y por lo tanto protegidas por ley.
Milei ya lo había confirmado en la noche del martes, cuando, como todo un logro de gestión, se mostró orgulloso porque “echamos a 50.000 empleados públicos, no solo eso, ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000”, alardeó.
Horas después, su vocero Manuel Adorni aclaró que “del universo de contratos analizados”, que estiman en 70 mil, los despidos serían por ahora 15 mil, “y el resto se renueva por seis meses”.
La Administración Pública Nacional, que es donde el Poder Ejecutivo tiene competencia en materia de despidos, contabiliza con datos a enero de este año un total de 333.853 trabajadores, que incluyen desde la administración centralizada (ministerios y presidencia), los organismos descentralizados como el ANSES, otros entes como el PAMI, la administración desconcentrada como la Gendarmería y la Prefectura y las empresas del Estado como el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En total, en sus 138 organismos, hay 35.124 personas trabajando con contratos temporales; en algunos casos llevan décadas cumpliendo funciones sin el pase a planta. El resto son trabajadores encuadrados como personal dentro y fuera de convenio. Este último dato no incluye a los transitorios que trabajan en otros poderes del Estado como el legislativo y el judicial. Por ejemplo, solo en el Senado hay 1.727 bajo esta modalidad.
Según el registro de las dotaciones, se agrupan en esta categoría a aquellos trabajadores con contratos para realizar determinadas tareas. Por ejemplo, locaciones de servicios u obra, contratos realizados bajo entes cooperadores u organismos internacionales de crédito, pasantías y trabajos eventuales, entre otros. Para el Gobierno, estos contratos no implican relación laboral, aunque en la práctica, si un despido de estas características se judicializa, por alguna razón en particular, los fallos casi siempre van en favor del trabajador.
Tan nefasto es todo en el gobierno de Milei, que el presidente se jacta de lo que otros se avergonzarían. Por ejemplo, de dejar a miles de familias sin trabajo en un contexto recesivo y de alta inflación, acrecentando así las penurias sociales.
Mientras el presidente se jacta de despedir trabajadores estatales y de cerrar dependencias, gremios de prácticamente todos los sectores anunciaron o están planificando medidas de fuerza para la primera semana de abril. Habrá paros, jornadas de lucha y asambleas, además de un estado de alerta permanente.
En ese marco, el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional, Rodolfo Aguiar, llamó a realizar una jornada de ingresos masivos y simultáneos en toda la administración pública el próximo 3 de abril, una vez que termine el fin de semana extra largo. “Haremos ingresos masivos y simultáneos a toda la administración pública, esto es todos los turnos, nos vamos a poner de acuerdo en un horario porque no descartamos un escenario como ocurrió no hace mucho en la Argentina en la época de Macri, en donde se enfrentó a un proceso de cesantías similares”, dijo Aguiar.
Por su parte, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, aseguró que no encontraban un patrón en la lógica de los despidos, más allá de que se ubican entre el personal contratado de la planta temporaria. “Estamos peleando palmo a palmo esta cuestión, la situación es muy heterogénea. Hay organismos con los que tenemos buen diálogo y se están negociando reincorporaciones y en otros no”, explicó. Y agregó que “la sensación de todos es que si sigue este deterioro, va a desembocar en una medida de fuerza, pero todavía no hay una fecha pautada”.
En tanto, en la CGT conviven combativos y dialoguistas. Después del contundente paro y movilización del 24 de enero, reaparecieron las históricas diferencias entre los que instan a continuar con el plan de lucha -Pablo Moyano es uno de ellos- y los que pisan el freno y sostienen que hay que manejar los tiempos de las protestas.
Mientras, el plenario nacional de la CTA realizado el martes facultó a sus autoridades a retomar las tratativas para “una nueva jornada de lucha nacional con paro y movilización que permita continuar el camino iniciado el 24 de enero y a la vez expresar desde un marco de unidad la diversidad de conflictos que hoy se desarrollan a lo largo y ancho del país”, por lo que todos los indicios marcan que se inició la cuenta regresiva para la vuelta a las medidas de fuerza.