A cuatro meses del comienzo de la llegada de Javier Milei y la Casa Rosada, el Gobierno recibió por primera vez de forma oficial a la cúpula de la CGT: con el foco en el proyecto de reforma laboral incluido en la Ley Ómnibus, los gremialistas se mostraron dispuestos a discutir cambios en materia laboral, pero reclamaron al Gobierno la homologación de paritarias, tras el conflicto con Camioneros.
El encuentro, que se extendió por tres horas, se dio en la antesala de que se conozcan los detalles de la reforma laboral que, entre otros, elaboran especialistas de la UCR y que se incluirá en la nueva ley de Bases, un punto sobre el que la central obrera le hizo un guiño al Gobierno al dar el visto bueno a los cambios, pero siempre y cuando sea una “versión light”.
En su primera reunión oficial con el Gobierno, a la CGT le fue mejor de lo que pensaba, pero no tanto como para evitar que hoy se decida un paro general de 24 horas cuando delibere el consejo directivo cegetista.
A la sede de Gobierno concurrieron, entre otros, Héctor Daer, de Sanidad; Hugo Moyano, de Camioneros; Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio; José Lingeri, de Obras Sanitarias; Andrés Rodríguez, de UPCN, y Gerardo Martínez, de la Uocra. Estaba también invitado Pablo Moyano, quien no acudió a la convocatoria.
En representación del Gobierno estuvieron el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Los sindicalistas salieron conformes, en principio, porque fueron escuchados por dos ministros importantes del gabinete libertario, que les pidieron disculpas por algunos cortocircuitos en la relación y les prometieron discutir en una mesa el contenido de una “modernización” de la legislación laboral (se acordó no hablar de “reforma”) para incluirla en la Ley Bases, pero sin los artículos que irritaron a la dirigencia gremial.
La delegación de la CGT les anticipó que organizarán una movilización callejera el 1° de mayo próximo, y que en las próximas horas seguramente se decidirán “medidas de acción directa”. Los funcionarios no pidieron que las suspendieran y sí, en cambio, les pidieron un “acompañamiento durante 2 o 3 meses”, con acuerdos salariales que no superen la inflación prevista, para lo cual garantizaron, a través de Cordero, que se acelerará el ritmo de las homologaciones que se acumulan sin aprobar.
Los dirigentes cegetistas advirtieron que negocian las paritarias con “responsabilidad” y que “los salarios no son el tema central de los problemas macroeconómicos de la Argentina”, por lo cual rechazan la demora de la Secretaría de Trabajo en homologar algunos acuerdos. Cordero explicó que recién ahora pudo completar su equipo y así empezar a ponerse al día con las homologaciones. “Ahora se está normalizando todo”, les aseguró.
A los sindicalistas les cayó bien que el Gobierno, apenas arrancó la reunión, les pidieran disculpas por no haberlos llamado a dialogar antes y por no haber consensuado la reforma laboral del mega DNU 70. Les sorprendió que quien tuvo ese gesto no fue Francos ni Posse sino Caputo, el influyente asesor de Javier Milei, que se comportó como si tuviera más poder que los ministros presentes.
Cuando la charla se concentró en la reforma laboral, los funcionarios aclararon que el nuevo intento será impulsado por los legisladores de la oposición dialoguista, pero aseguraron que ahora se buscará consensuar su contenido con la CGT, por lo que les propusieron armar una “mesa técnica”, con el compromiso de eliminar los artículos más irritativos para el sindicalismo, como el que ponen trabas a la cuota solidaria, el que limita la ultraactividad de los convenios y el que establece que las empresas ya no están obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de su personal.
Así, los sindicalistas mostraron voluntad para acompañar una reforma laboral, siempre y cuando sea una versión “light”. Por caso, que no elimine la cuota sindical, no restrinja el financiamiento de las obras sociales ni limite el derecho a huelga, pero que propicie una ampliación del período de prueba antes de que un trabajador quede en condición de efectivo en relación de dependencia.
Sin embargo, la reunión con los funcionarios tuvo momentos de tensión, como cuando los dirigentes gremiales plantearon sus quejas por las consecuencias del ajuste, los despidos en el Estado, la falta de homologación de las paritarias, la situación de los jubilados y la “criminalización” de la protesta.