Más allá de las públicas declaraciones de ocasión, resulta más que evidente que el gobierno de Javier Milei acusó el cimbronazo de lo que fue la multitudinaria marcha universitaria de ayer en reclamo de mayor presupuesto para la educación pública, y de la que participaron cientos de miles de estudiantes, además de agrupaciones políticas y gremiales.
“Fue masivo, es indiscutible. El reclamo existe, aunque no vamos a cerrar ni podemos cerrar las universidades públicas. Hoy festejan ellos”, reconocieron hoy en una Casa Rosada todavía movilizada por el masivo reclamo estudiantil en Plaza de Mayo, que se extendió además a distintas ciudades del interior del país.
Esta postura se contradice con el mensaje de ayer por parte de Javier Milei, en el que relativizó la protesta, e ironizó con una frase: “Lágrimas de zurdos”.
Pase de facturas
Ante la masividad del reclamo, aparecen en el Gobierno dos posturas bien diferenciadas. Por un lado, varios de los referentes más cercanos al presidente apuntan a redoblar la apuesta e ir contra los “curros” que atribuyen al sector de la UCR que responde al liderazgo de Martín Lousteau en la universidad pública, a quien visibilizan como uno de los promotores de la manifestación.
Por otro, los “moderados” apuntan a “errores de comunicación” en relación a las negociaciones con los rectores, y destacan el “desgaste” de Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias, bajo la órbita del secretario de Educación, Carlos Torrendel, en el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.
“No creo que haya malestar (con Torrendel y Álvarez), se sabía que la marcha iba a ser masiva”, afirmó una de las voces moderadas, pero igualmente cercanas a Milei, que reconoció que “se podría haber comunicado más y mejor lo que se estaba haciendo” en pos de resolver la negociación con las universidades.
Las “aclaraciones” de Adorni
“Las universidades no se van a cerrar, no está en ninguna agenda nuestra, jamás lo estará. Somos los mayores defensores de la educación pública, tiene que quedar claro. La vamos a defender como nadie a la universidad pública”, expresó por su parte esta mañana el portavoz presidencial Manuel Adorni. En esa línea, desde el Gobierno destacaron que la Marcha Federal Universitaria fue “legítima y genuina”, aunque criticó la presencia de dirigentes y sindicatos.
Tal como ocurrió en la jornada del martes, el vocero volvió a remarcar que el debate “está saldado” con el último ajuste, y manifestó que “queda mucho por delante” ya que todavía queda la reunión con los diferentes rectores, la cual no se confirmó, aunque “el canal de diálogo está abierto” entre ambas partes.
Además de atribuirle intencionalidad política a la marcha, la estrategia del Gobierno en el día después fue enfatizar el discurso de que las universidades deben ser auditadas, y a la vez echar un manto de sospecha sobre el manejo que hacen de los recursos que reciben del Estado.
La línea discursiva quedó clara por parte de Adorni, cuando dijo que “parte de la defensa de la universidad pública tiene que estar dada también por las auditorías que queremos todos”. Y volvió a llamar a las universidades a terminar “con la farsa de que a mí no me auditan porque soy autárquico”. “Tenemos que auditar porque es lo que el ciudadano quiere, la gente necesita saber en qué se gasta cada uno de los pesos de su bolsillo que se van en impuestos”, afirmó.
Sin quórum en Diputados
Por otra parte, el mensaje de protesta no llegó al pleno de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y sus socios no acompañaron el pedido opositor para tratar el presupuesto universitario y movilidad jubilatoria. Sin el número necesario para el quorum, la sesión se cayó ante la negativa del titular del cuerpo, Martín Menem, de esperar más tiempo para intentar que más legisladores se sentaran en sus bancas.
Con cinco legisladores menos de los necesarios para abrir el debate en mayoría, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión tras negarse a otorgar 15 minutos de tolerancia. Fue a pesar del reclamo de la legisladora kirchnerista Carolina Gaillard, quien le recordó al riojano que estaba rompiendo con un “acuerdo consuetudinario que se respeta hace más de diez años”.
El pedido de sesión especial de Unión por la Patria (UxP) puso contra las cuerdas a un sector de la oposición dialoguista. Tan solo 24 horas después de la multitudinaria movilización en defensa de la universidad pública, a la que asistieron referentes de UCR y Hacemos Coalición Federal, en estas bancadas solo una porción de diputados estuvo dispuesta a sentarse en sus bancas y, finalmente, no se llegó al quorum.
“La comunidad universitaria que se convocó en una marcha histórica necesitaba una expresión del recinto (de la Cámara de Diputados). Algunos entendieron esa convocatoria, pero otros prefirieron estar detrás de las cortinas, en oficinas oscuras negociando con el poder”, cuestionó el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez.
La razón detrás de la decisión de una porción de legisladores amigos de no bajar al recinto tuvo que ver, en parte, con evitar empastar la conversación con la Casa Rosada en medio de un minucioso punteo de la nueva “ley de Bases” y el pacto fiscal. Además, eludieron mostrarse con el kirchnerismo y hacerles el juego en su rol de oposición dura.
La AGN puso blanco sobre negro
Mientras, la Auditoría General de la Nación (AGN) salió a ponerle frenos a la estrategia del gobierno de sembrar sospechas sobre la administración de las universidades nacionales. Le recordó que la legislación establece que el Poder Ejecutivo no es el encargado de auditar la contabilidad ni la gestión de esas casas de estudio, sino que el responsable de solicitar esa tarea es el Congreso nacional.
De esta manera, el organismo encabezado por Juan Manuel Olmos desbarató las amenazas de varios funcionarios del Gobierno -incluido el Presidente- que, para desacreditar la demanda de fondos exigida por la totalidad de los rectores de las universidades públicas, durante los últimos días hablaron de supuestos “negocios turbios” en distintas facultades.
Pero diga lo que dijese el Gobierno, “el Poder Ejecutivo no podría auditar” la administración de las universidades, porque el control externo de esas instituciones “lo realiza el Congreso a través de la AGN”, explicó Olmos durante una entrevista radial.
Además, el funcionario explicó que cada casa de estudios superiores “tiene auditorías internas” de su propia gestión, que son permanentes y que a su vez son supervisadas por organismos de control externos a ellas.
“A esas auditorías se refieren las universidades para decir que están siendo auditadas. Se trata de un control interno” que a su vez “es concomitante” a la que haga la AGN, concluyó.