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La Plata
20 junio, 2024
PAÍS

La Justicia le ordenó al Gobierno que en 72 horas presente un plan para distribuir los alimentos guardados

El juez federal Sebastián Casanello le ordenó hoy al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello que, en un plazo de 72 horas, informe qué cantidad de alimentos tiene almacenados y que elabore un plan para su distribución “de modo inmediato”.

El magistrado, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, requirió un “detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”.

El informe deberá incluir un desglose de tipo de alimento y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería. También solicitó que se detallen los ingresos y egresos de mercadería desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia.

En el segundo punto resolutivo de su fallo, Casanello le impuso a Capital Humano que elabore un plan de distribución de los alimentos “en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”, y le dio un plazo de 72 horas para presentarlo.

La resolución del juez fue en respuesta a un planteo formulado días atrás por Juan Grabois, al que se adhirieron comedores populares que denuncian la falta de provisión de alimentos. En paralelo, se dio a conocer el cronograma de indagatorias para los dirigentes de comedores populares denunciado por el Ejecutivo.

El dirigente social había dado a conocer la existencia de 5 mil toneladas de alimentos que el Ministerio de Capital Humano tenía guardado en dos galpones, uno en la localidad bonaerense de Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán.

Ante ese dato, el Gobierno salió a defenderse diciendo que no entregaba los alimentos a los comedores populares por algunas irregularidades que están bajo investigación del propio Casanello; hasta que el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, salió a decir que los alimentos guardados eran para “casos de emergencia”.

En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni reiteró algo que ya había explicado el viernes último al puntualizar que los alimentos en cuestión “son reservados en forma preventiva para emergencias o catástrofes. Y esto no es algo que ocurra solo en Argentina, pasa en el resto de los países del mundo”.

“Evidentemente a algunos les molesta el que hayamos terminado con los intermediarios, con los cambios de alimentos, con todo un esquema que había en Argentina donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal que ya no están y que se sienten dolidos por todo lo que pasa, porque se terminó el usufructo personal que hacían de determinadas cuestiones”, agregó Adorni.

“Por supuesto que vamos a presentarnos para demostrar que lo nuestro es un trabajo serio y nosotros no hacemos populismo. Nosotros por un lado tenemos la política de asistencia, y por el otro lado la política de mercadería para futuras catástrofes”, terminó diciendo el vocero sobre el tema.

“Nosotros siempre fuimos respetuosos y lo vamos a ser de la Justicia y de lo que determinen los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como es este caso”, afirmó al ser consultado en la conferencia de prensa de este lunes.

Mientras, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al fallo dictado hoy: “Celebramos que la justicia haya actuado y esos alimentos sean entregados a donde corresponde”, y agregó que “ya ni siquiera se le pide al Gobierno que compre alimentos, sino que los entregue, porque los alimentos estaban y había que entregarlos ¡Hay que ser malo!”.

Por otra parte, Casanello llamó a declaración indagatoria al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, para el 26 de junio, junto a una extensa lista de dirigentes sociales. Se les atribuye el delito de administración infiel sobre el dinero que manejaban del plan Potenciar Trabajo, extorsión y acciones coactivas. La sospecha es que utilizaban el programa de ayuda social “con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones”.

El juez indicó que se comprobó, además, el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, “para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

 

 

 

 

 

 

 

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