En un mensaje que tiene como destinataria la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los jueces federales de todo el país le pidieron a la Corte Suprema que inste al Gobierno Nacional a que haga cesar “la crítica situación” de las cárceles federales “que se encuentran actualmente desbordadas de internos”, con hacinamiento, falta de cupos y fugas reiteradas.
El escenario -consideraron- se hace aún más preocupante si se tiene en cuenta que el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto para bajar la ley de inimputabilidad a los 13 años, a la vez que busca implementar en todo el país el sistema acusatorio.
La advertencia fue realizada por el presidente de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, Javier Leal De Ibarra, en una nota entregada a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El expediente del planteo de los presidentes de las Cámaras federales expresado en la nota será enviado al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, hoy responsable de las cárceles. Hasta antes de esta gestión, los centros de reclusión estaban bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Desde los tribunales piensan que la situación se va agravar más todavía con el sistema acusatorio, que tiene plazos más urgentes. “La Junta de Presidentes se vio en la obligación por la que está pasando el sistema carcelario argentino en pos de mejorarlo y lograr la mejor administración de Justicia, sobre con el futuro advenimiento en todas las jurisdicciones del sistema acusatorio”, dijo el juez Leal De Ibarra.
En la misiva ante la Corte, la Junta hizo saber “la extrema preocupación” vinculada a la crisis que atraviesa el sistema carcelario del país en el Servicio Penitenciario Federal”. Subrayó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “reiteradamente ha establecido que el Estado como responsable de los establecimientos de detención es el garante de los derechos de los detenidos y ejerce un control total sobre los mismos”.
Agrega que, por ello, no sólo debe “garantizar la dignidad de las personas sujetas a su control durante la detención, sino que existe una obligación de dar explicaciones sobre lo que sucede con ellas y una especial función de garantía en el resguardo de derechos, de quienes se encuentran privados de su libertad”.
“Más allá de esta obligación constitucional, y tal como lo reflejan los datos confeccionados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del SPF, no es posible soslayar que las cárceles federales se encuentran actualmente desbordadas de internos, lo que lleva a que por falta de cupos deban ser alojados provisoriamente en establecimientos totalmente inadecuados y en los que las fugas son reiteradas”, sostuvo
A eso se suma que los internos dentro de las prisiones, lejos de alcanzar los propósitos perseguidos por la ley 24.660, orientados a su readaptación y resocialización, “terminan inmersos en un sistema que los impulsa a delinquir y que se aleja cada vez más de sus objetivos originales: disminuir la reincidencia, desalentar la criminalidad y contribuir a la seguridad pública”, dijeron los jueces.
La Junta subrayó que “además del importante deterioro en las condiciones de reclusión de los servicios y programas penitenciarios, el deficiente estado de conservación de muchas cárceles así como el hacinamiento – condición que reitero por su trascendencia – se debe merituar que sólo 15 Provincias cuentan con establecimientos Penitenciarios Federales, obligando a engorrosos traslados de detenidos, que incluso atentan contra la celeridad e inmediatez procesal” y resulta “lesivos de derechos humanos fundamentales”.
La nota también reseñó que las cárceles para mujeres son limitadas y “faltan instalaciones adecuadas para que el colectivo LGTBI no vea vulnerados sus derechos constitucionales cuando deben ser privados de su libertad por orden judicial”.
Esa situación “se agrava de manera exponencial si consideramos que el Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación, ya ha anunciado en conferencia de prensa el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los trece (13) años, con el objetivo de evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores, sin que en todo el territorio de la República existan establecimientos ni programas penitenciarios adecuados, en aquellos casos en los que sea necesario disponer una medida de coerción y concurran a su respecto”, dijo la Junta.
Según se resaltó, “los magistrados son quienes responderán por los alojamientos en lugares no habilitados, en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad, o en la medida en que se conduzca a empeorar injustificadamente las condiciones de detención por resultar, sin dudas todo ello, actos violatorios de derechos constitucionales y convencionales”.
“En función de lo expresado -dijo la Junta en la nota a Rosatti-, solicitamos a V.E. que por su digno intermedio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza de este Poder del Estado, inste a las autoridades del Poder Ejecutivo para que en el ámbito propio de sus competencias, se adopten acciones positivas, con la mayor premura encaminadas a la implementación de políticas coordinadas orientadas a enfrentar y hacer cesar la crítica situación actual carcelaria -que en las condiciones actuales – está dirigida al fracaso de sus objetivos para que, de esta forma, se consagren formas de ejecución compatibles con los derechos consagrados al imputado y que los magistrados cuenten con la posibilidad de hacer efectivas la obligaciones legalmente impuestas tomándose plena conciencia que, en definitiva, esta situación también es una fuente de la inseguridad pública que afecta a nuestra sociedad”.