Quince años después del hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a una de las causas armadas por el ex gobernador jujeño Gerardo Morales para perseguir a la dirigente social Milagro Sala: la que se inició porque el dirigente radical recibió huevazos durante una protesta en 2009 en su contra, y en la que ni siquiera había participado la líder de la Tupac Amaru.
“Termina un caso de persecución política, en el que Milagro fue condenada por una manifestación contra Morales en la que ni siquiera estuvo”, escribió su abogado Marcos Aldazábal en su cuenta de X, y agregó que “al menos es una buena noticia en un contexto en el que quizás no hay muchas en el frente judicial, y que esto se resuelva así demuestra la arbitrariedad que era la causa”.
Los cuatro integrantes del máximo tribunal –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– rechazaron el recurso que había presentado Morales contra la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de sobreseer a Milagro en la causa de los “huevazos”. De esa forma, los cortesanos desbarataron el intento del jujeño de sostener una causa por un hecho sucedido hace una década y media.
La causa se inició a partir de una denuncia que hizo Morales después de un escrache que sufrió mientras daba una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy el 16 de octubre de 2009. Dos años después, se pidió la elevación a juicio de Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López como coautores de daño agravado y amenazas. A Milagro Sala la acusaron de ser instigadora.
El 28 de diciembre de 2016, cuando Sala ya llevaba casi un año presa y Morales ya era el gobernador de la provincia, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy la condenó por haber supuestamente instigado la protesta que se había hecho siete años antes. En ese momento, el TOF dio por acreditado el delito de daño, pero consideró prescripto el de amenazas.
Cuando fue la protesta contra Morales, Sala no estaba siquiera en la provincia, pero para condenarla tomaron como ciertos los dichos de René Orlando Orellano, quien había declarado que la protesta se había organizado dos días antes en la casa de Milagro. Lo que Orellano omitió aclarar fue que él era empleado de la gobernación de Morales, el principal interesado en conseguir la condena de Sala.
La causa llegó a Casación en 2017. Allí, el fiscal Javier De Luca se pronunció por la absolución de la dirigente social, mientras que los integrantes de la Sala IV –Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani– confirmaron la sentencia y ordenaron al tribunal de Jujuy dictar sentencia también por el delito de amenazas, por el que habían sido absueltos. La causa fue a la Corte en 2018, que rechazó el recurso por no ser sentencia definitiva.
En el expediente no hubo novedades durante tres años: el 4 de junio de 2021, el TOF rechazó la prescripción de la causa pedida por la defensa de Sala. Para entonces, Morales vociferaba que quería siete años y medio de prisión para Sala y que la cumpliera en el penal federal de Güemes, donde estuvo alojada un breve lapso durante el macrismo.
En junio de 2021, los jueces de Jujuy agravaron en seis meses la pena que ya le habían dictado a Sala en 2016. De esa forma, quedó con una pena de tres años y medio por una protesta que se había hecho doce años antes. En Casación, el fiscal de Luca consideró que el TOF de Jujuy se había apurado a dictar la nueva sentencia condenatoria porque creía que la causa estaba por prescribir. Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Liliana Catucci, les dio la razón a la defensa de Sala y al fiscal de Luca: la causa estaba prescripta.