El gobierno sigue sumando malas noticias en los tribunales. Ahora, el juez laboral Raúl Horacio Ojeda rechazó una presentación de la administración libertaria contra el fallo que suspendió la reforma laboral.
En un nuevo intento del Gobierno por revertir las resoluciones judiciales que suspendieron artículos clave de la reforma laboral, el Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, se presentó como patrocinante en la causa que impulsa la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral en el Juzgado Nacional del Trabajo N°63.
Pero el juez Raúl Ojeda, que fue quien había anulado 82 artículos de la ley, apuntó contra el jefe de los abogados del Estado, y cuestionó que no podría ejercer ese rol porque no posee matrícula en CABA.
La bronca de Ojeda contra Amerio fue por la decisión de apelar al per sáltum ante la Corte Suprema pero, sobre todo, porque el gobierno justifica el salto de instancia calificando la anulación de los artículos resuelta por Ojeda como el fallo de “un juez municipal”, luego del traspaso del fuero laboral a la órbita de la Capital Federal. Esa transferencia, para colmo, está contemplada en el artículo 91 de la reforma judicializada.
Ahora, el máximo tribunal puede resolver si lo trata o no. Si acepta el recurso, puede indicar la fecha en que fallará sobre la cuestión o no, haciendo uso de la facultad que exime a los cortesanos de comprometerse con un cronograma específico. La otra posibilidad es que los jueces de la Corte definan que aceptan el caso y fallen en el mismo acto.
De fondo, el enfrentamiento entre el Gobierno y la justicia del trabajo, que bloqueó parte de la reforma laboral que impulsó el Ejecutivo, tiene como condimento el traspaso de la justicia nacional a la órbita de CABA. Y el intento del Gobierno de que todas las actuaciones pasen al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde la jueza Macarena Marra Giménez dictó una inhibitoria a la justicia laboral.
Además, Amerio buscó que la Corte intervenga: con el per saltum forzaría que el máximo Tribunal tenga una actuación en la causa. Por un lado, se dirime qué juzgado debe intervenir (el Gobierno quiere que sea el Contencioso), y por otro, la validez de la cautelar que suspendió un puñado de artículos. A partir del lunes, la Corte estará habilitada para desechar, tomar el caso, o diferir una decisión hasta tanto se sustancie el conflicto entre juzgados y tomar el asunto al final del camino.
El cuestionamiento hacia Amerio no es menor. Si se considerase que no está habilitado para presentar escritos, el efecto jurídico es un dominó hacia atrás: decenas de causas donde intervinieron los Procuradores del Tesoro de los distintos gobiernos podrían ser tachadas de nulas. En el Ejecutivo se escudan en que el patrocinio es de la PTN pero la “representación” es la del área legal correspondiente.
Por otro lado, señalan que, con esa decisión, Ojeda se pone a tiro de una denuncia penal, de una denuncia en el Consejo de la Magistratura -algo difícil que prospere por el contenido de una sentencia- y de ratificar lo que sostienen como “pérdida de imparcialidad”.
Mientras tanto, el magistrado, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, le dio un nuevo revés a las estrategias impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional para revertir los fallos adversos que acumula en la Justicia por la ley de Modernización Laboral aprobada por el Congreso, pero cuestionada por las centrales obreras, las cuales lograron en las últimas semanas que se haga lugar a los amparos presentados para frenar la aplicación de una serie de artículos.
Luego de ratificar la potestad y competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en la causa y rechazar un pedido de inhibitoria para que el expediente se mude al fuero Contencioso Administrativo, Ojeda volvió a dar la letra a través de un oficio judicial que tiene como protagonista a Amerio, quien asumió como Procurador del Tesoro en marzo pasado en reemplazo de Santiago Castro Videla, que pasó a ocupar el cargo de Subprocurador en la misma oficina.