El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cargar contra el modelo económico de Javier Milei y aseguró que las políticas del Gobierno nacional “enferman y matan a los argentinos”. Pero además dejó una definición política de fondo: no alcanza solamente con denunciar el ajuste libertario, sino que hace falta construir una alternativa concreta que vuelva a poner en el centro a las mayorías populares.
“Nos quieren convencer de que, si no es Milei, será otro que siga por la misma senda. Pero nosotros tenemos una tradición, una historia y un futuro con justicia social para todos y todas”, afirmó el mandatario bonaerense.
Y las palabras empezaron a traducirse en hechos. En las últimas horas, el gobierno provincial intimó a Mercado Libre y Mercado Pago por una serie de cláusulas abusivas detectadas en sus contratos de adhesión con usuarios y consumidores. La empresa de Marcos Galperin —uno de los empresarios más ricos del país y férreo defensor del modelo libertario— tendrá cinco días hábiles para modificar esas condiciones. Si no lo hace, podría enfrentar multas de hasta 1.815 millones de pesos.
La investigación fue realizada por la Dirección de Defensa del Consumidor bonaerense, que detectó prácticas contrarias a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Entre otras irregularidades, la Provincia denunció que la plataforma:
- Puede modificar unilateralmente las condiciones de uso sin consentimiento expreso de los usuarios.
- Cobra tarifas sin informar claramente montos ni criterios.
- Traslada al consumidor toda la responsabilidad por fraudes, hackeos o accesos indebidos.
- Se reserva el derecho de retirar dinero de cuentas vinculadas a supuestas “cuentas relacionadas”.
- Obliga a los usuarios a responder económicamente incluso por errores o fallas del propio sistema.
- Pretende deslindarse de responsabilidad frente a daños ocasionados por problemas técnicos.
- Obliga a litigar exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, limitando el derecho de defensa de usuarios del interior del país.
Desde el gobierno bonaerense recordaron que ya hubo intervenciones similares contra empresas como Netflix, Flybondi, HBO y Omint. En la mayoría de los casos, las compañías corrigieron las cláusulas antes de llegar a una sanción económica.
“No tenemos una posición anti-empresa. Todo lo contrario. Pero si las pymes cumplen las reglas, las grandes corporaciones también deben cumplirlas”, sostuvo Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones del Ministerio de Producción bonaerense, encabezado por Augusto Costa.
El trasfondo político de la discusión es más profundo. Mientras el gobierno de Milei elimina regulaciones, reduce controles y protege a los sectores más concentrados de la economía, en la Provincia buscan mostrar que el Estado todavía puede intervenir para defender a quienes quedan completamente desamparados frente al poder corporativo.
El peronismo nació cuando el Estado decidió ponerle límites a los privilegios y ampliar derechos para los trabajadores: vacaciones pagas, aguinaldo, jornada laboral de ocho horas y protección social. Esa fue la base de una Argentina más justa. Hoy, frente a empresarios multimillonarios que pretenden hacer lo que quieren y un presidente que gobierna para los de arriba, vuelve a quedar claro que sin un Estado fuerte los únicos “libres” son los poderosos. Y el resto queda condenado a sobrevivir entre abusos, tarifazos y salarios cada vez más flacos.