Mientras el Gobierno cae en las encuestas, millones de argentinos enfrentan un problema cada vez más grave: salarios y jubilaciones que no alcanzan, aumentos en los servicios, el transporte y los alimentos, y familias que deben recurrir al crédito para llegar a fin de mes.
Incluso desde sectores empresarios y del llamado círculo rojo comienzan a pedirle a Javier Milei que afloje y atienda la situación social. Daniel Hadad, dueño de Infobae, visitó al Presidente en Olivos y, durante la conversación, le planteó que la gente la está pasando mal.
La respuesta de Milei fue contundente: “No me pida a mí plata del Estado para incentivar a algún sector” y agregó: “Yo hago todo para que el capital privado pueda moverse libremente. No me pidan otra cosa”.
Más allá de la interpretación política de esas palabras, el mensaje es claro: el Gobierno no tiene previsto impulsar una respuesta estatal frente al creciente endeudamiento de los hogares.
Familias atrapadas por las deudas
El sobreendeudamiento dejó de ser solamente un problema financiero y se convirtió en un drama social, especialmente en los barrios populares, donde las dificultades para pagar préstamos generan conflictos y situaciones de violencia. Con salarios que pierden frente a la inflación y costos financieros cada vez más elevados, la morosidad sigue creciendo.
Un informe del diputado nacional Sergio Palazzo señala que más de 43.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad se encuentran en mora, alrededor del 25% del total. Entre los integrantes del Ejército, la morosidad llega al 30%, mientras que seis de cada diez uniformados menores de 35 años están endeudados. Además, el 71% tomó créditos en entidades no bancarias, generalmente con tasas más elevadas, y la mora se triplicó en menos de dos años.
Mientras Milei pregunta si alguien les puso “una pistola en la cabeza” para endeudarse, el Banco Provincia y el Banco Ciudad comenzaron a ofrecer alternativas para ayudar a las familias a salir de esa situación.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó duramente la posición presidencial y sostuvo que la morosidad de los hogares no es un problema individual, sino “un verdadero drama social de nuestro país”, con millones de familias endeudadas para sobrevivir.
Una propuesta contra los créditos abusivos
Frente a esta situación, la diputada provincial peronista Noelia Saavedra presentó un proyecto para crear un sistema bonaerense de protección frente al endeudamiento de consumo, el endeudamiento digital y las cobranzas abusivas.
La iniciativa busca regular el crecimiento del crédito digital y las operaciones de fintech, establecer una ficha con el costo total de cada préstamo, limitar cargos ocultos y renovaciones automáticas y proteger los datos personales de quienes solicitan créditos. También propone restringir amenazas, hostigamiento, escraches y otras prácticas abusivas de cobranza.
El contraste político no podría ser más evidente: mientras el Gobierno nacional dice que cada argentino debe arreglarse solo, desde la Provincia buscan herramientas para que las familias no queden atrapadas en un círculo de deudas impagables.
Y ahí está la verdadera discusión: no se trata de regalar dinero ni de fomentar el endeudamiento. Se trata de decidir si el Estado mira para otro lado cuando millones de argentinos quedan atrapados por créditos que no pueden pagar.
Porque cuando un gobierno responde que cada uno se arregle como pueda mientras las familias se hunden en deudas, no está defendiendo la libertad: está abandonando a quienes más necesitan que el Estado los proteja.